La Presidenta del Comité de Arquitectura Deportiva del Colegio de Arquitectos, quien además fue Directora del Congreso Internacional de Accesibilidad “Ciudad para Todos”, explica el escenario actual y los desafíos de la aplicación del Decreto de Ley N°50 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción del MINVU, que aborda temas de inclusión y accesibilidad universal.
A continuación el artículo completo:
Los esfuerzos para lograr que Santiago sea más inclusivo y amable
Por Daniel Fajardo, Pulso (ver artículo desde la página web).
La concepción de hacer que cada rincón, plaza, edificio o vereda de la ciudad sea más amigable para niños, adultos mayores, embarazadas y personas con movilidad reducida, está haciendo que las empresas y el sector público cambien el foco. Es aquí donde los arquitectos, el sector inmobiliario ylas municipalidades juegan un rol clave.
El 80% de los adultos chilenos no enfrenta ningún tipo de discapacidad. Pero no son los únicos que pagan impuestos, juegan en una plaza, hacen trámites, trabajan, van al cine o disfrutan de un buen restaurante. El otro 20% que tiene algún tipo de discapacidad, también lo hace.
Por eso que en marzo de este año, muchas de las medidas de accesibilidad que tenían edificios, malls y lugares públicos dejaron de estar en el ámbito de las buenas intenciones, para transformarse en una norma más estricta. El nuevo Decreto de Accesibilidad Universal que regula los estándares de diseño y construcción en Chile, comienza a generar de a poco, cambios en quienes diseñan, construyen y financian inmuebles donde circula el 100% de la ciudadanía.
Pero el decreto (que es una actualización al DL N°50 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción del Minvu) es sólo una parte de una concepción mayor para lograr barrios, comunas y ciudades más accesibles e inclusivas, no sólo pensando en quienes tienen una discapacidad; sino también en niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y todos los ciudadanos en general.
Según Paulina Saball, Ministra de Vivienda y Urbanismo, la ordenanza “nos obliga a incorporar las nuevas exigencias normativas a todos los proyectos que ejecutamos. Así, los diseños de viviendas, plazas, parques, calles o veredas, deben adaptarse introduciendo los criterios de accesibilidad universal, lo cual sin duda contribuye a que la infraestructura urbana sea más inclusiva y de mejor calidad” afirma la máxima autoridad del Minvu.
Para tener una idea, el II Estudio Nacional de la Discapacidad, realizado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), indica que entre los hombres mayores de 18 años, el porcentaje de personas en situación de discapacidad es un 14,8%, mientras que en las mujeres llega a un 24,9%.
Más que rampas
Antes de la modificación a la ordenanza, ya existía una práctica de construir baños para discapacitados, ascensores en escuelas, rebajes de soleras en las esquina de la calles, etc. Pero no era suficiente. Ahora la ley rige para todos las construcciones que tienen algún uso público, incluyendo áreas verdes de edificios habitacionales, sedes comunitarias, etc. Por eso es universal.
Pero quizá uno de los cambios más relevantes de esta norma, es el concepto de “ruta accesible” que, en definitiva, da cumplimiento a la Ley N°20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.
Según Andrea Boudeguer, directora ejecutiva de la consultora especializada BAU Accesibilidad. “Muchas veces hay un mito con respecto a sustentabilidad y accesibilidad, donde los edificios deben estar llenos de rampas, barras y elementos extraños a la edificación, además de accesos diferenciados. Y justamente, la universalidad se refiere a que no exista una diferenciación, lo que es un desafío para la arquitectura”.
Por su parte, Juan Carlos León, gerente general de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, (CDT), de la CChC, comenta que desde marzo a la fecha, este tema ha despertado un gran interés en la industria. “La ordenanza contempla una aplicación gradual para los edificios y espacios públicos existentes, pero el impacto en el parque existente no ha sido observable inmediatamente, lo que era esperable. Por otra parte, para nuevos permisos, aun no existe total claridad respecto de lo que es exigible a un proyecto”, comenta el gerente general del CDT.
La importancia de las municipalidades
Pero finalmente, ¿en quién recae la responsabilidad de fiscalizar que se cumpla la ordenanza? La respuesta está en la misma norma: las direcciones de Obras Municipales, las cuales podrán en cualquier momento, (después de la recepción definitiva de una obra), fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad, conservación de las edificaciones, accesibilidad universal y discapacidad.
Incluso, las personas con discapacidad también pueden denunciar al Juzgado de Policía Local, como sucedió con el Mall de La Serena, cuando hace dos semanas el juzgado de esa ciudad falló en contra de la Dirección de Obras y el mall por discriminación, debido a la inexistencia de accesibilidad para ingresar a través de una pasarela peatonal. “La normativa no recoge todos los requisitos que son necesarios para una correcta ejecución y deja muchos temas para la interpretación, tanto para el municipio que fiscaliza, como para los proyectistas. Eso implica una dificultad en la práctica de fiscalizar correctamente”, agrega Boudeguer.
Una opinión similar tiene Cecilia Leiva, arquitecta y directora del Congreso Internacional Ciudad para todos 2016, organizado por el Colegio de Arquitectos de Chile. “En los siete meses de funcionamiento, su aplicación ha sido variada, dependiendo de las exigencias tanto de los revisores independientes como de las direcciones de obras, a lo largo del país, para los nuevos proyectos. Al respecto, ha habido preocupación por el período de transición dado que es una modificación con incidencia en las edificaciones de uso público, por lo que se torna más compleja su comprensión y es necesario estudiarla en profundidad”, indica Leiva.
Por esta razón el Senadis, el Minvu, la CChC y el mismo Colegio de Arquitectos, entre otras entidades, han realizado distintas charlas y capacitaciones a arquitectos, ingenieros, profesionales de la construcción y municipalidades, especialmente sobre el concepto de ruta accesible.
De acuerdo a la información georreferenciada que analiza Mapcity, en Santiago los mejores niveles de accesibilidad están en aquellas zonas donde se concentra la mayor actividad financiera y comercial.
En este aspecto, destaca la comuna de Las Condes, la cual alberga alrededor del 50% de los sistemas de accesibilidad en el Gran Santiago, seguida por Vitacura y Santiago (ver gráficos).
En cuanto al tipo de comercio que ha implementado sistemas de accesibilidad, lideran los bancos, supermercados, restaurantes, farmacias y centros comerciales. “También se identifican en el ranking de comunas accesibles, aquellas que a pesar de no ser comercialmente fuertes, poseen importantes servicios de movilidad de población, como el Aeropuerto en Pudahuel y el Terminal de Pajaritos en Lo Prado, los que cuentan con todos los sistemas de accesibilidad”, comenta Roberto Camhi, director ejecutivo de Mapcity.
En este contexto, alguien que es clave para saber cómo el mundo municipal está llevando a cabo el cambio es Agustín Pérez, presidente de las Direcciones de Obras Municipales de Chile. “En algunas comunas, la aplicación de la accesibilidad universal ha sido más complejo que en otras, básicamente por las características geográficas que tienen, porque no cuentan con personal que las implemente o que fiscalice su cumplimiento”, dice Pérez, que además es el director de Obras de la Municipalidad de La Florida.
El funcionario municipal agrega como ejemplo que en Valparaíso gran parte de la población vive en los cerros y no todos los ascensores están funcionando, algo similar a lo que ocurre con La Florida, que es una comuna precordillerana, donde las áreas verdes ya no pueden tener solamente peldaños, sino que deben contar con pendientes, lo cual ha demorado algunos proyectos.
Uno de los puntos difíciles de cumplir es la pendiente transversal de las veredas, la cual debe ser del 2%. “Esto es impracticable, porque la ejecución de una obra no puede alcanzar ese nivel de precisión. Lo recomendable en este caso sería establecer un rango del 2 al 3%”, comenta Juan Carlos León.
En la medida que los arquitectos reciban encargos para dar cumplimiento
a las nuevas exigencias podrán advertir que existe una diferencia notable
entre edificios existentes y en proyecto.
Una diferencia obvia que la reglamentación no aquilató en su oportunidad
y por eso es necesario introducir algunos párrafos que resuelvan la dificultad de
cumplir normas urbanísticas como rasantes y distanciamientos.