La ciudadanía ha ido tomando conciencia de la importancia de mantener una ciudad sustentable: un ambiente social y económicamente mejor compartido, y un ambiente natural armónico con las necesidades de una buena calidad de vida.

La apreciación del territorio y de su uso ha cambiado. Así, las hidroeléctricas en Aysén, han llevado a amplios sectores sociales a manifestarse sobre uno de los temas que es crucial en nuestra profesión, cual es la calidad de vida en los centros poblados, ciudades intermedias y metrópolis.

Las grandes infraestructuras de energía que nos parecían modernas y adecuadas ayer, hoy son discutibles por su enorme impacto ambiental. A los profesionales arquitectos y urbanistas nos corresponde por tanto, de manera importante, presentar una postura frente a este debate.

Nuestro país tiene vocaciones geográficas y en ellas, diversas fuentes para la generación de energía eléctrica y, sin embargo, se le obliga a recibir una única forma de energía  que le ofrece la política energética centralizadora.

La estructura de distribución eléctrica actual no considera el impacto de las grandes distancias y define su emplazamiento sólo por las mejores rentabilidades sin considerar la opinión de las regiones.

Nuestro país tiene muy buenas condiciones naturales para diversificar la generación de energía eléctrica: tiene energía solar; tiene capacidad de centrales hidroeléctricas de paso y de menor tamaño; energías eólicas; energía de mareas a lo largo de la costa chilena y energía geotérmica a lo largo de nuestras cadenas de volcanes. Y principalmente está la necesidad de impulsar políticas de generación domiciliaria

Entonces, en aras a una política razonable y de aprovechamiento de las vocaciones energéticas en la diversidad de nuestras regiones, pedimos al Estado una mayor participación social ciudadana verdaderamente vinculante y una legislación institucional ampliada a la participación técnica más allá de los Seremis.

Planificar a largo plazo sigue y seguirá siendo imprescindible. Regionalizar la generación y de manera sustentable es también democratizarla. Es generar mayor fuente laboral en las regiones. Es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Es crear cultura de vida compatible con los medios naturales y técnicos.

Por estas razones, los arquitectos proponemos la suspensión de la construcción de nuevas centrales de cualquier tipo hasta tener consensuadas nuevas políticas energéticas territoriales para el buen desarrollo compartido de todos los ciudadanos.

Luis Eduardo Bresciani P.

Presidente Nacional

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE

JUNIO DE 2011

Estimado Señor Ministro:

El Colegio de Arquitectos de Chile observa con gran preocupación la situación patrimonial del “Palacio Espínola – Pereira”, ubicado en Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1346, de Santiago, lo que nos motiva con urgencia a dirigirle esta carta abierta expresando nuestras inquietudes.

En julio de 2010, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) decidió por unanimidad declarar Monumento Nacional, en categoría de Monumento Histórico, el “Palacio Espínola – Pereira”. El inmueble es hoy la sede de la Central Única de Trabajadores (CUT), donada para tal efecto por el Estado de Chile hace ya una década en consideración a que esta entidad no contaba entonces con un edificio institucional digno de sus funciones. Sin embargo, hasta hoy el Ministerio que usted preside no ha firmado el decreto respectivo que oficializa tal declaratoria, requisito fundamental para que ésta surta los efectos de protección esperados.

Frente a esta situación nos preocupa enormemente las declaraciones entregadas a los medios por parte del Sr. Arturo Martínez, actual presidente de la CUT, refiriéndose a la existencia de un acuerdo “de palabra” con su Ministerio –que preside el CMN- para “no avanzar” en la declaración.

El Colegio de Arquitectos, en su afán por cuidar los bienes identitarios de nuestras ciudades, estima que sería un enorme despropósito que una autoridad pública anule una decisión soberana del organismo competente que por Ley tiene a su cargo la tuición y protección del patrimonio nacional, para tan sólo dar la oportunidad a que se concrete una operación inmobiliaria que afectaría enormemente la calidad arquitectónica de este inmueble, poniendo en juego justamente lo que la ley le exige proteger.

Tenemos certeza que atendido el ánimo colaborativo que nuestro Colegio ha tenido siempre hacia el Estado, será considerada positivamente la legítima preocupación que comentamos.

Le saluda cordialmente por el Directorio Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile,

Arq. PATRICIO GROSS FUENTES

Presidente Nacional

Colegio de Arquitectos de Chile

Arq. IVANNIA GOLES BARRIENTOS 

Secretaria General

Colegio de Arquitectos de Chile

Señor Director:

Respecto a la sucesión de cartas publicadas en relación al Palacio Pereira, nuestra intención va más allá del mero hecho de mencionar responsables, sino que invitar a buscar caminos conjuntos para poner urgentemente en valor nuestro patrimonio nacional.

El Palacio Pereira es un tesoro arquitectónico. Se ha ido perdiendo irremediablemente en estos últimos 30 años producto de que el propietario no ha realizado ni la más mínima mantención que el edificio requiere. No lo exime de tal responsabilidad, como él señala, el haber informado profusamente a las autoridades de su progresivo deterioro. Es tal la situación que el propio Consejo de Monumentos Nacionales solicitó al Consejo de Defensa del Estado una demanda contra el propietario del Palacio por destrucción de un Monumento Nacional, la cual fue acogida y tramitada ante los Tribunales de Justicia por dicha entidad.

Según indica el informe del Consejo de Monumentos Nacionales del 20 de abril del 2005, el avanzado estado de deterioro del Palacio Pereira es producto de la acción y/u omisión por parte del propietario. Se precisa que “no sólo ha habido un abandono completo del inmueble y la falta de la más mínima mantención, sino que también se han realizado medidas directas tendientes a causarle perjuicios, y en definitiva, a destruirlo”. Sin embargo, el valor patrimonial del inmueble se mantiene y persiste.

Ante este lamentable escenario, nuestro llamado de atención es tanto hacia el actuar de los privados como del Estado. No podemos permitir que los intereses inmobiliarios pasen por encima de nuestro patrimonio, y es también claro que en ello nuestra legislación patrimonial ha mostrado ser deficiente, requiriendo de un cambio profundo, junto a un decidido aporte estatal e incentivos al aporte privado.

PATRICIO GROSS F.

Presidente Nacional

Colegio de Arquitectos de Chile

Señor director:

En carta a La Tercera, el propietario del Palacio Pereira ha acusado una serie de inexactitudes planteadas por el Colegio de Arquitectos respecto de este monumento nacional, confirmándonos que dicho bien le pertenece desde hace 30 años.

El deterioro del Palacio contrasta con los testimonios de que se disponen desde la década de los 80, llegando a un estado de desmantelamiento lamentable. Si bien no se puede obligar al propietario de un monumento histórico a invertir en su restauración, constatamos que el edificio, en estos años, no ha sido mínimamente conservado, siendo, a nuestro juicio, responsabilidad del propietario, de quien depende el estado deplorable de hoy.

En varias oportunidades hemos declarado la incapacidad e indolencia por parte del Estado y organismos culturales para establecer los mecanismos legales correspondientes para enfrentar su recuperación y puesta en valor de este edificio que representa un momento identitario extraordinariamente relevante de nuestra cultura nacional.

La solución a este tema no pasa por un proyecto que atenta contra la calidad patrimonial del monumento, sacrificando el bien cultural a la exclusiva lógica inmobiliaria. Hemos solicitado al Consejo de Monumentos Nacionales revisar la aprobación inicial que le diera en 2009, sólo como anteproyecto, y no contando con todos los antecedentes que en estos casos deben concurrir, tal como lo hemos hecho ver al citado consejo. Asimismo, compartimos el rechazo que ha manifestado el director de Obras de la I. Municipalidad de Santiago por no avenirse con la normativa vigente.

El Palacio Pereira demuestra que es perfectamente recuperable y su inmenso valor patrimonial justifica los esfuerzos por salvar su legado, a pesar de los intereses y presiones de un malentendido “salvataje” del monumento.

Patricio Gross

Presidente Nacional

Colegio de Arquitectos de Chile

Señor director:

He considerado necesario rectificar las equivocaciones contenidas en la carta del presidente del Colegio de Arquitectos, publicada el jueves 17 de marzo en La Tercera, respecto del Palacio Pereira.

El edificio fue construido en el año 1872. En enero de 1975 fue decretado Monumento Nacional, pero con motivo de su deterioro, en octubre de ese mismo año, fue desafectado. Considerando lo anterior, en abril de 1981 lo adquirí con el fin de desarrollar un proyecto inmobiliario. Cuatro meses después, fue nuevamente declarado Monumento Histórico, gravando al propietario con la carga de impedir el desarrollo de un proyecto ya iniciado. A pesar de ello, comencé a restaurarlo con recursos propios, justo cuando se produjo el terremoto de 1985, que dañó seriamente sus estructuras.

En todos estos años he advertido de la condición ruinosa y de peligro que significa para los transeúntes, lo que me hizo colocar una reja exterior en la vereda de calle Huérfanos. Cada vez que se han producido daños, he enviado cartas comunicando cuando se produce un robo o deterioro, cuyas copias obran en mi poder, sin que en ninguna oportunidad se haya ido a verificar lo informado.

Recientemente he desarrollado nuevamente un proyecto de oficinas que fue finalmente aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales y por el contralor de la República, sin embargo, el director de obras de la Municipalidad de Santiago no le quiere dar curso. En ningún caso, como señala equivocadamente el presidente del Colegio de Arquitectos, la condición ruinosa actual del edificio es por el abandono de parte mía. Si así fuese, no existiría esta larga historia de preocupación y búsqueda de soluciones.

Raúl del Río Alfaro

Señor Director:

En el artículo publicado por su diario el día lunes 14 del presente, en el que se entrevista al arquitecto Gonzalo Martínez, se establece una situación equivocada respecto del permiso del proyecto de intervención del Monumento Nacional Palacio Pereira, que creemos importante aclarar.

El propietario, a través del Sr. Martínez, sólo ha obtenido el visto bueno del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para presentar su iniciativa de restauración en calidad de anteproyecto a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Santiago, por lo que el proyecto como tal aún no ha sido aprobado.

La DOM, a quien compete dar los permisos de edificación, anticipó que el anteproyecto expuesto ante el CMN contradice al Plan Regulador Comunal (PRC) motivando que el propietario solicitara pronunciamiento de la Contraloría. Ésta respondió que tratándose de un Monumento Histórico, no le sería aplicable la normativa local. Ante ello, la DOM pidió aclarar la competencia a la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, quien considera que sigue plenamente vigente la facultad de la DOM para fijar normas de alturas.

El Colegio de Arquitectos ha conocido la propuesta y considera que el anteproyecto atenta con la calidad patrimonial del Monumento Histórico porque queda funcional y morfológicamente supeditado a la torre propuesta y porque no se cuenta con resguardos técnicos para su  restauración.

El Palacio Pereira constituye uno de los mejores ejemplos de las grandes mansiones del siglo XIX, muy escasas en nuestra historia, y hoy se encuentra en estado ruinoso por el abandono de su propietario. A pesar de ello, podemos asegurar que éste es perfectamente recuperable y que su valor patrimonial amerita el esfuerzo.

Atendido todo lo anterior, proponemos al Estado urgentemente adquiriera este palacio, restaurándolo y destinándolo a actividades de equipamiento público, dando una clara e inequívoca señal de su preocupación por el patrimonio cultural.

Patricio Gross                                                

Presidente                                                      

Colegio de Arquitectos de Chile                        

Enrique Vial

Consejero del Consejo de Monumentos Nacionales

Representante del Colegio de Arquitectos de Chile

Marjolaine Neely

Presidente del Comité de Patrimonio

Colegio de Arquitectos de Chile

El Colegio de Arquitectos presenta su declaración pública frente al aniversario del terremoto y tsunami del 27 de Febrero 2010, la cual reúne el pensamiento y reflexiones de nuestra Orden referentes a los aciertos y falencias del proceso de reconstrucción llevado a cabo en este período.

Abstract

A un año de ocurrido el terremoto y maremoto, observamos como el país intenta levantarse nuevamente y salir adelante. Los informes oficiales han presentado cifras que hablan de un gran avance – lo que ciertamente ha ocurrido en algunos sectores -, pero en otras localidades la comunidad y autoridades locales reclaman por la lentitud en la entrega de soluciones habitacionales y ayuda a los afectados.

En este sentido, queremos consignar en primer lugar la importancia de asumir que el trabajo de reconstrucción que está llevando a cabo el país es una tarea a largo plazo, que no se limita sólo a superar la situación de emergencia, sino que persigue además establecer las bases de una nueva política de desarrollo urbano sustentable.

La colaboración del Colegio y su compromiso con la reconstrucción, han encontrado un cauce en la invitación del Ministerio de Vivienda a participar en el Comité Asesor Ministerial de Reconstrucción, donde la Orden ha tenido una participación muy activa, y una oportunidad para plantear sus puntos de vista y establecer un diálogo con el gobierno central, parlamentario y otros actores relacionados con el tema de la reconstrucción.

No obstante, vemos que hay algunos elementos esenciales que no se han realizado con la celeridad ni eficiencia adecuada, reconociendo que estamos enfrentando un proceso complejo y de largo alcance, tal como lo demuestran las experiencias internacionales al respecto.

Consideramos que debiera haberse creado una Agencia de Reconstrucción especializada y ejecutiva desde el primer día, tal como indicáramos en nuestra propuesta de reconstrucción de abril del 2010, la cual debería abordar integral y coordinadamente los diferentes sectores y ámbitos del gobierno involucrados. Junto con ello, presentamos la necesidad esencial de creación de nuevas herramientas y normativas de acción, y no sólo apoyarse en la normativa legal existente.

Otro punto que merece nuestra especial preocupación, se refiere a cómo se ha incorporado la planificación urbana en las medidas de reconstrucción. En este sentido, se reconoce el avance en la formulación de propuestas de planes maestros de reconstrucción, que a la fecha alcanzan el centenar, pero que requieren pasar de una simple recomendación a la exigencia de su aplicabilidad, una vez que hayan sido sancionados por las autoridades y la comunidad. Resulta importante, que no se limiten a ser sólo correctores de las situaciones actuales, sino que incorporen una visión de futuro a partir de la oportunidad de intervenir territorios urbanos devastados por el sismo. Para pasar de la emergencia a una efectiva consolidación territorial, debe formularse una Política Nacional de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos, ausente históricamente de nuestra realidad, pero en este caso, acorde con los nuevos escenarios derivados del desastre.

Otra gran preocupación del Colegio es la conservación y recuperación patrimonial, no sólo de los bienes oficialmente declarados como tales, sino de todos aquellos que representan la identidad de nuestras ciudades, pueblos y edificios aislados. En el caso específico de la destrucción de los cascos históricos, está presente la necesidad de controlar la avidez inmobiliaria, que puede desatar fenómenos indeseables de concentración y cambios de patrones de asentamiento.

Asimismo, planteamos que otro elemento esencial para llevar a cabo en forma eficiente el proceso de reconstrucción, es la necesidad de abrirse a una amplia y efectiva participación ciudadana y de las autoridades locales en el proceso y medidas a adoptar. Parte esencial en el éxito del trabajo de reconstrucción de nuestro país es la descentralización y oportunidades que se abran para la incorporación de la comunidad en forma organizada y vinculante, con una adecuada asesoría técnica, de modo que las decisiones que se tomen a diferentes niveles territoriales recojan las formas de vida, memoria y cohesión social de cada barrio, pueblo o ciudad. Hay un inmenso potencial en las labores de reconstrucción que los propios afectados pueden enfrentar, pero debe tenerse presente que los tiempos del damnificado y los de los planificadores son disímiles, y deben buscar formas de sincronización.

Es inconveniente entregar metas y plazos numéricos que no se podrán cumplir. El país entiende la complejidad y envergadura de esta titánica tarea, pero ello debe ajustarse a la realidad sin involucrarse con objetivos difusos, cambiantes y a veces inalcanzables. Por ello, el Colegio de Arquitectos confía seguir promoviendo espacios de participación y discusión en este proceso de levantar un nuevo Chile, dispuestos siempre a poner a disposición los conocimientos y experiencia del gremio a nivel nacional, en apoyo por el bien del país y las zonas afectadas.

Directorio Nacional

Colegio de Arquitectos de Chile

04 marzo 2011

Leer Declaración completa. Declaración CA

EL LIMITADO ALCANCE  DE LOS CONCURSOS DE ARQUITECTURA

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL AL 2010

El medio en el que operamos los arquitectos está gravemente deteriorado. Es una realidad, a veces hostil, que no depende de nosotros y en la que nuestra acción para cambiarla ha resultado ineficiente. Es importante entender esa realidad y tratar de actuar en ella en la forma más armónica posible, entendiendo y conciliando los intereses de los mandantes con los nuestros.

Este escrito muestra un diagnóstico del panorama más amplio del ejercicio profesional en el ámbito público, más allá de los concursos. Plantea condiciones que los arquitectos deberían encontrar en ese amplio terreno, ambiente que debe mejorarse y que debería ser objeto de una preocupación permanente del Directorio del Colegio. Un arquitecto individualmente no puede reclamar las acciones y correcciones necesarias; no tiene la fuerza para ello.

El Concurso de Arquitectura es un tópico recurrente para los arquitectos. Sin embargo, cuando se lo discute, los argumentos quedan siempre algo introvertidos en el tema de su mecánica y no se considera el contexto global y real del ejercicio profesional. Allí operan diferentes alternativas para obtener un contrato, siendo el Concurso de Arquitectura sólo una de ellas. En estas alternativas aparecen situaciones y problemas iguales a las de los Concursos, sin ninguna de las protecciones que los concursos auspiciados por el Colegio dan a los arquitectos. Este contexto global de la arquitectura pública, en que el Estado emplea cuantiosos recursos, participa un gran número de arquitectos por lo que debería formar parte permanente de las preocupaciones y acciones gremiales, en conjunto con los concursos.

La cuestión fundamental es la de quien adhiere hoy día a los principios que justifican a los concursos como institución y si la mejor calidad de la arquitectura pública es un tema que realmente sea valorado por la clase política y las autoridades que transitoriamente representan al Estado. La conclusión sobre esta materia es que los conceptos que orientan la política de concursos del Colegio de Arquitectos de Chile deberían extenderse en general a todos los proyectos y construcciones que gestiona el Estado. Se enfatiza de partida que debiendo ser los principios los mismos, su aplicación en las diferentes escalas y modalidades contractuales tendrá necesariamente varios formatos de aplicación.

Descarga el documento Completo Aquí

Alberto Montealegre K.

Hemos recibido este documento de Alfonso Raposo, el cual compartimos con ustedes para alimentar y profundizar la conversación en torno a la Reconstrucción.

Reconstrucciones

Alfonso Raposo /Mayo 2010

Resumen

Como consecuencia del sismo del 27 de febrero de 2010 se ha ido tomando conciencia de grandes distorsiones que afectaban nuestra construcción social de realidad. El texto considera dos grandes áreas de distorsión que constreñían la medida de lo posible. Una, emerge desde la imperativa convergencia política para acordar modificaciones tributarias que permitirán obtener recursos para atender el desastre social y natural. Otra, se constituye con la percepción de las falencias del proceso de asentamiento humano, lo que pone de manifiesto las necesidades de planificación territorial. Las tareas de la reconstrucción obligan a repensar las bases sobre las cuales hacerlo y las responsabilidades gubernamentales que están en juego.

Abstract

As a result of the earthquake on 27 February 2010, awareness about major distortions affecting the social construction of reality has been taking. Text considered two large areas of distortion, both restricting the measure of what is possible. One, results of imperative political convergence to agree tax modifications in order to obtain resources to   warning the social and natural disaster. The other is constituted by the perception of fallibilities in the process of human settlement, which put in evidence the necessity of territorial planning. So, reconstruction tasks force to rethink the basis on which to do so and the governmental responsibilities that are at stake.

Descarga Documento Reconstrucciones

Aclaración Preliminar.- A nuestro entender, los únicos organismos públicos involucrados en materia de calidad de la construcción, son los que la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley Orgánica de Municipalidades establecen:

Las Municipalidades a través de las Direcciones de Obras Municipales; el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por medio de los SEREMI Regionales; y el Ministerio de Obras Públicas con respecto a las Edificaciones Fiscales y construcciones de Vialidad.

Aspecto histórico.- Alrededor del año 1950, para ejecutar cualquier tipo de construcción, era necesario obtener el Permiso Municipal respectivo en las Direcciones de Obras y someterse a las Inspecciones Municipales.- Pare este efecto, era necesario llenar una Libreta de Obras, en la cual quedaban anotadas las Inspecciones de cada etapa de la edificación, firmadas por el Inspector Municipal y los responsables de la construcción, la cual se entregaba en el momento de solicitar la Recepción Final y quedaba archivada en la Dirección de obras.-

Tradicionalmente, la Inspección Técnica, la efectuaban las Direcciones de Obras de las distintas Municipalidades; la Corporación de la Vivienda tenía su propio Departamento de Inspección para las obras que ella encargaba; el Ministerio de Obras Públicas efectuaba la Inspección Técnica para todos los Edificios Públicos y la Vialidad.- Todos estos Organismos estaban encargados de velar por el bien común de las obras que sirven a la población.-

Respecto al proceso de aprobación de los Permisos Municipales, cabe destacar que la responsabilidad de revisar la Arquitectura fue traspasada por la Ley Nº 20016 del año 2005, a los Revisores Independientes, conservándole a los Directores de Obras, solamente la revisión de los aspectos urbanísticos.- Se detallan algunos artículos de dicha Ley que avalan lo anterior:

Articulo  Nº 116.- inciso b.- “El Director de Obras Municipales concederá el Permiso o la autorización requerida si, de acuerdo con los antecedentes acompañados, los Proyectos cumplen con las Normas Urbanísticas, previo pago de los derechos que procedan, sin perjuicios de las facilidades de pago contempladas en articulo Nº 128”

“Se entenderá por Normas Urbanísticas aquellas contenida en esta Ley, en su Ordenanza General y en los Instrumentos de Planificación Territorial que afecten a edificaciones, subdivisiones, fusiones, Loteos o Urbanizaciones en lo relativo a los usos de suelo, cesiones, Sistemas de agrupamiento, coeficientes de constructibilidad, coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores, superficie predial minima, alturas máximas de edificación, adosamientos, distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes, densidades máximas, estacionamientos, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública y áreas de riesgo o de protección”.-

Articulo Nº 114.- inciso b.- “El Director de Obras deberá revisar únicamente el cumplimiento de las Normas Urbanísticas aplicables a la obra conforme al Permiso otorgado, y procederá a efectuar la Recepción, si fuere procedente”.

En la solicitud de Permiso de construcción firman todos los profesionales que intervienen, asumiendo de esta manera la responsabilidad que a cada uno le corresponde.- Igualmente, se procede en la solicitud de Recepción Final, lo que implica que cada uno de ellos revisó el aspecto de la construcción, de la cual es responsable.-

Para mejorar la calidad de las construcciones, en general, es necesario que las Inspecciones Técnicas sean independientes del mandante, para lo cual es conveniente que se cree un Organismo autónomo, y que los Inspectores se inscriban en un Registro Nacional a cargo del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en lo que a éste compete.- Lo anterior, es aplicable también a los Edificios Públicos y a las Obras Viales que debe controlar el Ministerio de Obras Públicas.-

William Tapia Chuaqui

Arquitecto – ICA Nº 1373

Presidente

Comité de Leyes, Ordenanzas y Aranceles.-

Santiago, 14 de Junio 2010