Las Iglesias de Chiloé, declaradas el año 2000 como Sitio del Patrimonio Mundial, fueron reconocidas para ello a través de Criterios de Valor Universal Excepcional, los que se relacionan con su carácter y su exitosa fusión entre las tradiciones culturales europeas e indígenas, las que produjeron una forma única de arquitectura en madera. Además, sus entornos paisajísticos han sido reconocidos globalmente y deben también incitarnos a procedimientos y normativas adecuadas para su conservación, comprensión e intervención. Los valores tangibles e intangibles que lo destacan son las razones por las cuales lo hacen además estar provisto de un compromiso ético y moral, donde el actuar de la autoridad, de los profesionales y de los habitantes ha de coincidir en el mismo objetivo, que es su reconocimiento y conservación.
Las recientes imágenes que dan cuenta de nuevas obras en ejecución en el denominado “Centro Comercial Paseo Chiloé”, en las inmediaciones de la Iglesia de San Francisco de Castro, resultan tan indolentes respecto del Sitio que discutir si el proyecto en cuestión tiene o no permiso de edificación resulta a estas alturas pueril. Ya la ejecución del mismo hace algunos años incurrió en una nocividad latente hacia el bien declarado Patrimonio de la Humanidad.
Es por ello que nuestra preocupación aboga por tres temáticas que adolecen de gestión y ética: Primero, el abandono del Estado de Chile respecto de la protección del bien y su falta de políticas públicas asociadas a una real y oportuna gestión integral del Sitio de Patrimonio Mundial, pese al compromiso establecido ante UNESCO y los habitantes de Chiloé.
Segundo, la precariedad de los Instrumentos de Planificación Territorial, que priorizados localmente definan las áreas de protección para un correcto uso del territorio, toda vez que la Iglesia de Castro aún no posee una Zona de Amortiguación legalmente efectiva que salvaguarde sus valores, tal como lo recomendó hace ya más de cuatro años la misión reactiva de Unesco.
Y tercero, el resguardo de la ética profesional, que sin una Ley de Colegios Profesionales dificulta el seguimiento y control de una disciplina que, de no ser practicada adecuadamente y estar afectada por la lógica del negocio cortoplacista, que al no comprender un emplazamiento adecuado puede generar impactos indeseados e irreversibles en nuestro patrimonio cultural, constatando con ello nuestra incapacidad como sociedad de resguardar lo que nos propusimos resguardar.
Nuestro Gremio hace un llamado a que el Estado asuma su compromiso ante la comunidad internacional, en donde resulta urgente acelerar la modificación de los instrumentos de protección del patrimonio. También a devolver a los colegios profesionales el control de la ética para quienes practican la disciplina. Más allá de ello, y acorde al estado de derecho vigente, el Colegio de Arquitectos de Chile se hará parte de las acciones legales que correspondan.
Alberto Texidó Zlatar Jorge Espinosa Cereceda
Presidente Nacional Presidente Delegación Chiloé
Colegio de Arquitectos de Chile
Diciembre 2017