Por Jorge Guzmán Briones
La modernización del Estado es un tema que ya parece un lugar común. Se debe entender que se trata de elevar el grado de eficiencia en el cumplimiento de las tareas que les corresponde a las reparticiones públicas y más específicamente, a las personas que desempeñan los cargos públicos desde el Ministro, hasta el funcionario ubicado en el último grado del escalafón público.
Al Ministro de cada cartera le corresponde aplicar las políticas definidas por el Gobierno en su ámbito, y eso le obliga a disponer de los mecanismos que evalúan, corrigen o acentúan las acciones para el logro de sus objetivos. Una mala gestión en este ámbito provoca un desastre que muchas veces termina con el reemplazo del Ministro. Y desde ahí hacia abajo todos están, teóricamente, obligados a desempeñar su función con la máxima eficiencia y eficacia.
Aquí es donde está la urgencia de modernizar el Estado: en términos generales, no se hace bien el trabajo y no se cumple con las funciones de fiscalización que rectifique las malas prácticas. Un ejemplo de esto, se comprueba en las Direcciones de Obras Municipales: existen claras disposiciones legales que establecen plazos para revisión de los expedientes y para el cumplimiento de su tarea se le restringió el campo de revisión solo a los aspectos urbanísticos de los proyectos, definidos por la Ley General de Urbanismo y Construcciones en dieciséis puntos detallados claramente en el artículo 116. No obstante, no se cumplen ni los plazos ni los temas a revisar. Con lo cual todos se ven afectados por esta ineficiencia, partiendo por el propio municipio que no puede disponer de los ingresos por concepto de los permisos que debe otorgar, que no son de poca importancia.
Anualmente y en períodos normales de la actividad económica se otorgan permisos de edificación, en promedio mensual y solo en obras nuevas por 1.100.000 m2. De acuerdo a los datos estadísticos sobre la demora en el otorgamiento de los permisos de edificación por parte de las Direcciones de Obras, el promedio en Chile es de cuatro meses, es decir, que actualmente por asuntos de burocracia se encuentran detenidos alrededor de 4.400.000 m2 en proyectos de obras nuevas.
Si se considera que el valor promedio de los derechos por metro cuadrado de edificación (Tabla de Costos Unitarios que publica el MINVU) es de $2.625, hoy día el ingreso municipal en su conjunto experimenta una merma aproximadamente de $ 11.550.000.000, es decir, 17.800.000 dólares. Si solo se pudiera mejorar en la sencilla aplicación de cumplir con las exigencias que la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece en cuanto a despachar oportunamente la revisión de los permisos, el ingreso municipal se vería beneficiado considerablemente.
Pero quien mayor beneficio recibiría sería el empleo nacional, tanto por la contratación directa de trabajadores en el proceso constructivo como la multiplicidad de agentes económicos que están involucrados en la actividad, directa e indirectamente: comercio, transporte, servicios financieros, entre otros.
Por eso, la cuestión de modernizar el Estado no pasa por tener mejores equipos computacionales o sofisticadas herramientas de comunicación masiva, sino fundamentalmente por cambiar el estilo y la actitud de los funcionarios del Estado en el desempeño de sus tareas diarias. Es en los mesones de atención de público donde verdaderamente se puede experimentar si un país avanza, se estanca o retrocede. No basta la declaración de intenciones de los Gobiernos, se trata de hacer efectiva la aplicación de las disposiciones legales vigentes que hagan cumplir el buen desempeño de los funcionarios públicos. Las herramientas están, solo falta la voluntad política de hacerlas cumplir.
*Jorge Guzmán Briones es Arquitecto de la Universidad de Chile y Presidente del Comité de Revisores Independientes del Colegio de Arquitectos de Chile.