Santiago, 19.05.09
A los chilenos nos ha costado reconocer y valorar nuestro patrimonio cultural, el cual constituye la fuente de identidad más profunda y diversa que tenemos. Todavía existen bienes patrimoniales que dan testimonio de nuestro pasado, de nuestros éxitos y fracasos como sociedad, pero cada generación ha sido cómplice, con mayor o menor consciencia, de la destrucción y negación de la herencia acumulada.
En las últimas décadas ha sido constante la mayor preocupación de la ciudadanía, que también observa con inquietud creciente como barrios patrimoniales, sitios arqueológicos y obras de excelencia arquitectónica y urbana son arrasados en nombre de un progreso mal entendido, donde la ineficiente planificación de nuestras ciudades se hace cómplice.
Por ello, el Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile considera que es necesario diseñar una política que permita revertir esta situación e integrar el patrimonio al desarrollo y calidad de vida de todos. Con ese objetivo este Comité considera un deber enunciar cuáles son las claves de esta política, que se exponen a continuación de manera muy resumida:
1 Generar los incentivos directos e indirectos para que los propietarios de bienes patrimoniales ya protegidos por el Estado puedan conservar y restaurar sus propiedades, sean para uso residencial o comercial o cualquier otro uso compatible con los valores por los cuales son considerados patrimoniales. Los actuales incentivos son insuficientes y marginales, quedando nuestro patrimonio abandonado a los intereses privados, que por legítimos que sean, en este caso especialmente deben estar supeditados al bienestar común y ser gestionados de manera armónica.
2 Fomentar la participación creciente de la comunidad y particularmente de quienes son propietarios y residentes de los barrios patrimoniales, para que sean sujetos que deliberen, propongan y decidan sobre el destino del patrimonio construido e inmaterial, tanto a nivel local como nacional, participando activamente en la elaboración de las políticas públicas y no siendo solamente objetos de ellas.
3 Potenciar una institucionalidad y legislación patrimonial que resuelva sus conflictos, falencias y duplicidades, evitando la creación de nuevas instituciones que confundan objetivos, como son la conservación y desarrollo del patrimonio y el fomento a la creación y de las industrias culturales. Es así que nuestro patrimonio cultural requiere una acción pública permanente, con recursos adecuados que aumenten los valores sociales, históricos y económicos que tiene el patrimonio para todos. Por otro lado, el rol que le cabe al Estado en el fomento de la creación debe ser de máxima libertad en el contexto del bien común, ambas responsabilidades del Estado y de todos los ciudadanos son complementarias, pero no pueden confundirse. Creación y herencia son esenciales a toda cultura pero su fomento y conservación tienen significados diferentes para cada una de ellas.
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