biobiochile.cl<\/strong><\/a><\/span> el 23 de abril de 2026<\/em><\/p>\n <\/p>\n
En medio de una crisis profunda del sector construcci\u00f3n y un d\u00e9ficit habitacional que supera el medio mill\u00f3n de viviendas, el Gobierno ha propuesto una serie de modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), presentadas como una necesaria modernizaci\u00f3n normativa y una herramienta para acelerar la reconstrucci\u00f3n en zonas afectadas por cat\u00e1strofes. La urgencia es real. Pero tambi\u00e9n lo es el riesgo de que, bajo ese diagn\u00f3stico, se introduzcan transformaciones que alteren de manera estructural y silenciosa el modo en que producimos ciudad en Chile.<\/p>\n
Las alertas no han tardado en aparecer. Diversos alcaldes han manifestado preocupaci\u00f3n por lo que consideran una p\u00e9rdida de atribuciones municipales en la regulaci\u00f3n del desarrollo urbano, advirtiendo que decisiones que afectan directamente la escala de los barrios podr\u00edan quedar supeditadas a normas generales con escaso margen de adaptaci\u00f3n local. A ello se suman voces del mundo acad\u00e9mico y profesional que han advertido sobre el riesgo de avanzar hacia una flexibilizaci\u00f3n normativa sin una evaluaci\u00f3n integral de sus impactos territoriales.<\/p>\n
El problema no radica en la necesidad de actualizar la normativa. La OGUC, como cualquier instrumento regulatorio, debe evolucionar con los cambios tecnol\u00f3gicos, sociales y econ\u00f3micos. El punto cr\u00edtico es c\u00f3mo se actualiza y con qu\u00e9 efectos urbanos. Porque lo que se propone no es solo agilizar procesos: es, en los hechos, una flexibilizaci\u00f3n significativa de los controles, con consecuencias que van mucho m\u00e1s all\u00e1 de la reconstrucci\u00f3n.<\/p>\n
Uno de los cambios m\u00e1s relevantes y menos visibles para la opini\u00f3n p\u00fablica es la modificaci\u00f3n del coeficiente que transforma densidad de habitantes en viviendas. Reducir este guarismo implica, en la pr\u00e1ctica, permitir un aumento sustantivo en el n\u00famero de unidades habitacionales por hect\u00e1rea sin modificar los planes reguladores. Es decir, se abre la puerta a una densificaci\u00f3n indirecta, no debatida a nivel local, que puede sobrecargar infraestructuras existentes y tensionar la calidad de vida urbana.<\/p>\n
A esto se suma la expansi\u00f3n de los llamados \u00abconjuntos arm\u00f3nicos\u00bb, una figura que permite flexibilizar normas de altura y constructibilidad. Al reducir los requisitos para acceder a este mecanismo y ampliar sus beneficios, se corre el riesgo de transformar una excepci\u00f3n en regla, favoreciendo proyectos que operan al margen de las condiciones morfol\u00f3gicas y sociales de los barrios donde se insertan.<\/p>\n
M\u00e1s preocupante a\u00fan es el debilitamiento del rol de los municipios. La eliminaci\u00f3n de herramientas que permiten a los planes reguladores limitar este tipo de desarrollos implica, en la pr\u00e1ctica, una recentralizaci\u00f3n de las decisiones urbanas. Esta inquietud ha sido recogida por asociaciones municipales y por alcaldes que han planteado la necesidad de resguardar la planificaci\u00f3n local como base de un desarrollo equilibrado y pertinente a cada territorio.<\/p>\n
En paralelo, la extensi\u00f3n de la vigencia de los permisos de edificaci\u00f3n y la posibilidad de acogerse a nuevas normas sin someterse a actualizaciones de los instrumentos de planificaci\u00f3n refuerzan una l\u00f3gica especulativa del suelo. En el caso de las zonas de cat\u00e1strofe, la necesidad de acelerar la reconstrucci\u00f3n es incuestionable. Sin embargo, reemplazar evaluaciones integrales por informes simplificados o validaciones acotadas puede derivar en soluciones r\u00e1pidas, pero deficientes, reproduciendo vulnerabilidades territoriales ya conocidas.<\/p>\n
El trasfondo de esta discusi\u00f3n es m\u00e1s profundo. Se instala la idea de que el principal obst\u00e1culo para resolver la crisis habitacional es la \u00absobrerregulaci\u00f3n\u00bb del suelo urbano. Sin embargo, m\u00faltiples estudios han demostrado que el encarecimiento de la vivienda responde tambi\u00e9n -y de manera decisiva- a factores como la financiarizaci\u00f3n del mercado inmobiliario, la concentraci\u00f3n de la propiedad del suelo y el desacople entre ingresos y precios.<\/p>\n
Como hemos sostenido previamente, desregular se contradice con la necesidad de planificar: liberar suelo o debilitar normas puede parecer una salida r\u00e1pida frente al estancamiento, pero sin una visi\u00f3n integral de ciudad ello puede traducirse en m\u00e1s desigualdad, m\u00e1s vulnerabilidad y mayores costos futuros para corregir los errores.<\/p>\n
La ciudad no es solo un soporte para la inversi\u00f3n. Es un sistema complejo donde convergen derechos, equidad territorial, sostenibilidad y calidad de vida. Reducir la discusi\u00f3n urbana a una ecuaci\u00f3n de costos y tiempos es desconocer esa complejidad.<\/p>\n
Modernizar la OGUC es necesario. Pero modernizar no puede ser sin\u00f3nimo de debilitar la planificaci\u00f3n ni de trasladar decisiones estructurales al mercado sin contrapesos. Si el objetivo es enfrentar la crisis habitacional y responder a las urgencias de la reconstrucci\u00f3n, el desaf\u00edo no es desregular la ciudad, sino gobernarla mejor: con reglas claras, con participaci\u00f3n local efectiva y con una visi\u00f3n que entienda que la vivienda no es solo un bien econ\u00f3mico, sino un componente esencial del derecho a la ciudad.<\/p>\n
Porque las decisiones que hoy se tomen no solo determinar\u00e1n cu\u00e1ntas viviendas se construyen, sino tambi\u00e9n -y sobre todo- qu\u00e9 tipo de ciudad estamos construyendo para las pr\u00f3ximas d\u00e9cadas.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Rodolfo Jim\u00e9nez Cavieres<\/strong><\/p>\nPresidente nacional del Colegio de Arquitectos de Chile<\/p>\n
Acad\u00e9mico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la USACH<\/p>\n
<\/p>\n
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