biobiochile.cl<\/strong><\/span><\/a> el 6 de abril de 2026<\/em><\/p>\n <\/p>\n
Durante los \u00faltimos a\u00f1os, la palabra \u00abpermisolog\u00eda\u00bb se ha instalado con fuerza en el debate p\u00fablico chileno. El t\u00e9rmino, aunque impreciso, apunta a un problema real: la creciente dificultad para materializar proyectos debido a la acumulaci\u00f3n de permisos, revisiones, informes, autorizaciones sectoriales, plazos inciertos y criterios administrativos muchas veces dispares. Esta situaci\u00f3n no solo afecta a grandes inversiones. Tambi\u00e9n incide en proyectos habitacionales, obras de reconstrucci\u00f3n, equipamientos, peque\u00f1as ampliaciones, iniciativas productivas locales y procesos de regeneraci\u00f3n urbana que podr\u00edan contribuir al desarrollo de las ciudades y territorios.<\/p>\n
Sin embargo, el diagn\u00f3stico no debe conducir a una conclusi\u00f3n equivocada. El problema no es la existencia de permisos. Una sociedad democr\u00e1tica necesita reglas, controles y procedimientos que protejan la seguridad de las personas, el medio ambiente, el patrimonio, la calidad urbana, la accesibilidad, la convivencia vecinal y el inter\u00e9s general. El verdadero problema aparece cuando el sistema de permisos se vuelve lento, redundante, opaco o incapaz de distinguir entre proyectos de alto impacto y actuaciones de menor complejidad. All\u00ed la regulaci\u00f3n deja de ser garant\u00eda de bien p\u00fablico y se transforma en un obst\u00e1culo que paraliza, encarece y desincentiva la acci\u00f3n.<\/p>\n
En ese contexto, la Ley N\u00b0 21.718, sobre agilizaci\u00f3n de permisos de construcci\u00f3n, y su desarrollo reglamentario mediante el Decreto Supremo N\u00b0 10, de 2025, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo \u2014publicado en febrero de 2026\u2014, abren una discusi\u00f3n de fondo: \u00bfhasta d\u00f3nde y c\u00f3mo podr\u00eda avanzar la juridicidad chilena desde un sistema fuertemente marcado por los controles previos \u2014ex ante\u2014 hacia uno m\u00e1s abierto a mecanismos de control posterior \u2014ex post\u2014, sin que ello signifique abandonar la responsabilidad p\u00fablica del Estado de asegurar que las cosas se hagan bien?<\/p>\n
La pregunta es relevante porque gran parte de nuestro sistema legislativo y administrativo descansa sobre una l\u00f3gica preventiva. Antes de construir, subdividir, urbanizar, modificar, operar o ejecutar una actividad, el particular debe solicitar autorizaci\u00f3n y esperar que la administraci\u00f3n revise previamente los antecedentes. Este modelo ex ante tiene una justificaci\u00f3n hist\u00f3rica: evitar da\u00f1os antes de que ocurran. En materias urbanas, ambientales, sanitarias, patrimoniales o de seguridad, esa prevenci\u00f3n sigue siendo indispensable. Pero cuando se aplica de manera indiferenciada a casi todo, termina sobrecargando al Estado, dilatando decisiones y trasladando a la administraci\u00f3n una funci\u00f3n que, en ciertos casos, puede ser asumida responsablemente por profesionales competentes, bajo reglas claras y con fiscalizaci\u00f3n posterior efectiva.<\/p>\n
Por eso, la reciente incorporaci\u00f3n en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones de t\u00e9cnicas habilitantes alternativas al permiso o autorizaci\u00f3n previa debe ser le\u00edda con cuidado. No se trata de eliminar la regulaci\u00f3n ni de debilitar los est\u00e1ndares urbanos y constructivos. Se trata, m\u00e1s bien, de introducir una modalidad distinta: una declaraci\u00f3n responsable, suscrita por el propietario, el arquitecto y los dem\u00e1s profesionales competentes, que permite iniciar determinadas obras sin una revisi\u00f3n previa integral de la Direcci\u00f3n de Obras Municipales, manteniendo siempre la obligaci\u00f3n de cumplir la normativa aplicable y las potestades posteriores de fiscalizaci\u00f3n de la autoridad.<\/p>\n
Esta diferencia es fundamental. Un mecanismo ex post no significa ausencia de control. Significa que el control se reorganiza temporalmente. El Estado define las normas, exige responsabilidades identificables, conserva la trazabilidad de los antecedentes y fiscaliza despu\u00e9s, pudiendo sancionar, paralizar, corregir o exigir responsabilidades cuando corresponda. No estamos, por tanto, ante una \u00abliberaci\u00f3n\u00bb sin reglas, sino ante una redistribuci\u00f3n de responsabilidades entre el titular del proyecto, los profesionales que certifican su cumplimiento y la administraci\u00f3n p\u00fablica que debe fiscalizar.<\/p>\n
El valor de este cambio est\u00e1 en que introduce una distinci\u00f3n necesaria: no todos los proyectos tienen el mismo nivel de riesgo, complejidad o impacto territorial. No parece razonable que una obra menor, una intervenci\u00f3n acotada o una actuaci\u00f3n t\u00e9cnicamente estandarizable enfrente el mismo tipo de revisi\u00f3n previa que un conjunto de alta carga de ocupaci\u00f3n, una intervenci\u00f3n en \u00e1rea patrimonial, un proyecto en zona de riesgo, una edificaci\u00f3n de alta complejidad t\u00e9cnica o una operaci\u00f3n que altera significativamente la estructura urbana. La regulaci\u00f3n inteligente no es la que revisa todo del mismo modo, sino la que focaliza sus mayores exigencias all\u00ed donde los riesgos p\u00fablicos son mayores.<\/p>\n
Los beneficios potenciales de una l\u00f3gica de control posterior son relevantes. Puede descongestionar las Direcciones de Obras Municipales, reducir tiempos de tramitaci\u00f3n, dar mayor certeza a propietarios y profesionales, facilitar intervenciones de menor escala, acelerar obras necesarias para vivienda y reconstrucci\u00f3n, y permitir que la administraci\u00f3n concentre su capacidad t\u00e9cnica en proyectos complejos o sensibles. Tambi\u00e9n puede fortalecer la responsabilidad profesional de arquitectos, ingenieros, constructores y revisores, porque ya no se tratar\u00eda solo de \u00abobtener un permiso\u00bb, sino de certificar responsablemente el cumplimiento normativo.<\/p>\n
Pero este avance exige resguardos robustos. De lo contrario, podr\u00eda derivar en una desregulaci\u00f3n de hecho. Para que un sistema de declaraciones responsables y control posterior funcione, se requiere una arquitectura institucional clara: expedientes digitales completos, interoperabilidad entre servicios, trazabilidad de las declaraciones, fiscalizaci\u00f3n selectiva por riesgo, auditor\u00edas aleatorias, sanciones efectivas, responsabilidad profesional verificable, seguros cuando corresponda, registro de reincidencias y capacidad municipal real para inspeccionar. El control posterior solo es leg\u00edtimo si efectivamente existe y si cuenta con medios suficientes para operar.<\/p>\n
Tambi\u00e9n es indispensable definir l\u00edmites. No todo debe pasar a reg\u00edmenes de control posterior. Deben permanecer bajo control previo estricto aquellos proyectos que comprometan seguridad estructural relevante, altas cargas de ocupaci\u00f3n, impactos ambientales significativos, afectaci\u00f3n patrimonial, \u00e1reas de riesgo, infraestructura cr\u00edtica, cambios de uso complejos o externalidades urbanas importantes. La modernizaci\u00f3n regulatoria no consiste en reemplazar todo permiso por una declaraci\u00f3n jurada, sino en construir una matriz diferenciada de riesgo.<\/p>\n
Chile podr\u00eda avanzar hacia un sistema mixto: controles ex ante para lo complejo, lo riesgoso y lo irreversible; mecanismos habilitantes con control ex post para lo simple, repetitivo, trazable y de impacto acotado. Ese equilibrio permitir\u00eda responder a la cr\u00edtica de la permisolog\u00eda sin caer en el extremo de debilitar la funci\u00f3n p\u00fablica. El Estado no renuncia a su responsabilidad; cambia el modo en que la ejerce. Pasa de revisar todo antes, con baja capacidad de priorizaci\u00f3n, a regular mejor, fiscalizar estrat\u00e9gicamente y sancionar con eficacia.<\/p>\n
La pregunta de fondo, entonces, no es si necesitamos menos Estado o m\u00e1s Estado. Necesitamos un mejor Estado: capaz de proteger el inter\u00e9s p\u00fablico sin paralizar la iniciativa social, profesional, productiva y urbana. Un Estado que conf\u00ede m\u00e1s en la responsabilidad t\u00e9cnica cuando el riesgo lo permite, pero que fiscalice con firmeza cuando esa confianza se incumple.<\/p>\n
En materia urbana, esta discusi\u00f3n es especialmente sensible. Las ciudades no son solo el resultado de proyectos privados; son bienes colectivos donde cada decisi\u00f3n deja huellas sobre el territorio, la movilidad, el paisaje, la equidad y la vida cotidiana. Por eso, avanzar hacia instrumentos de control posterior puede ser positivo, siempre que se entienda como una modernizaci\u00f3n responsable y no como una simplificaci\u00f3n acr\u00edtica.<\/p>\n
La superaci\u00f3n de la permisolog\u00eda no puede significar menos ciudad, menos planificaci\u00f3n ni menos garant\u00edas p\u00fablicas. Debe significar mejores procedimientos, mayor proporcionalidad regulatoria, responsabilidad profesional efectiva y una administraci\u00f3n capaz de controlar donde realmente importa. Ese es el desaf\u00edo: pasar de una cultura del permiso previo como fin en s\u00ed mismo a una cultura del cumplimiento normativo, la confianza responsable y la fiscalizaci\u00f3n inteligente.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Rodolfo Jim\u00e9nez Cavieres<\/strong><\/p>\nPresidente nacional del Colegio de Arquitectos de Chile<\/p>\n
Acad\u00e9mico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la USACH<\/p>\n
<\/p>\n
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**Esta columna de opini\u00f3n fue publicada en\u00a0biobiochile.cl el 6 de abril de 2026 Durante los \u00faltimos a\u00f1os, la palabra \u00abpermisolog\u00eda\u00bb se ha instalado con fuerza en el debate p\u00fablico chileno. 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