La Mesa Directiva del Colegio de Arquitectos de Chile, expresa su respaldo general a la preocupaci\u00f3n manifestada por la Delegaci\u00f3n Zonal Valpara\u00edso respecto de la situaci\u00f3n de las viviendas de El Olivar, en la Regi\u00f3n de Valpara\u00edso, y considera necesario reiterar que los procesos de reconstrucci\u00f3n urbana y habitacional deben desarrollarse siempre dentro del marco del Estado de Derecho, con estricto apego a la normativa vigente, a los procedimientos t\u00e9cnicos establecidos y al debido respeto por las competencias profesionales e institucionales que intervienen en la edificaci\u00f3n de la ciudad.<\/p>\n
Toda intervenci\u00f3n que afecte obras construidas, viviendas entregadas o proyectos habitacionales en curso debe fundarse en antecedentes t\u00e9cnicos verificables, informes especializados, actos administrativos debidamente motivados y procedimientos transparentes que permitan establecer con claridad las eventuales fallas, las responsabilidades correspondientes y las medidas correctivas pertinentes.<\/p>\n
El caso de El Olivar genera una leg\u00edtima preocupaci\u00f3n en el mundo de la arquitectura, la ingenier\u00eda y la industria de la construcci\u00f3n, no s\u00f3lo por la gravedad de las eventuales deficiencias denunciadas, sino tambi\u00e9n por las se\u00f1ales institucionales que se entregan cuando decisiones de alto impacto social, urbano, econ\u00f3mico y patrimonial parecen adelantarse a los procesos t\u00e9cnicos y jur\u00eddicos que el propio sistema exige. En materias de esta naturaleza, la seguridad de las personas debe ser siempre prioritaria; pero precisamente por ello las decisiones deben apoyarse en peritajes independientes, evaluaciones estructurales rigurosas, informes t\u00e9cnicos trazables y procedimientos administrativos claros.<\/p>\n
Defender el rol de arquitectas, arquitectos, ingenieros, revisores independientes, inspectores t\u00e9cnicos y direcciones de obras municipales no significa relativizar errores constructivos ni desconocer eventuales incumplimientos normativos. Significa exigir que toda responsabilidad t\u00e9cnica sea investigada con rigurosidad, transparencia y apego irrestricto a la ley. Si existen fallas estructurales, \u00e9stas deben ser identificadas, calificadas y documentadas mediante los mecanismos profesionales e institucionales correspondientes, permitiendo determinar responsabilidades y definir las soluciones m\u00e1s adecuadas.<\/p>\n
Asimismo, la Mesa Directiva estima indispensable que, antes de adoptar medidas extremas e irreversibles como la demolici\u00f3n de viviendas, se eval\u00faen t\u00e9cnicamente todas las alternativas disponibles de reparaci\u00f3n, reforzamiento, modificaci\u00f3n o adecuaci\u00f3n de las obras defectuosas. La pr\u00e1ctica habitual de la ingenier\u00eda y la construcci\u00f3n reconoce que durante la vida de una obra pueden detectarse aspectos susceptibles de correcci\u00f3n, recalculo, refuerzo o ajuste t\u00e9cnico. Por ello, una decisi\u00f3n responsable debiera comparar, con antecedentes objetivos, los costos econ\u00f3micos, sociales, urbanos y habitacionales de demoler, versus los costos y factibilidad de reparar o reforzar las obras que presenten deficiencias.<\/p>\n
Esta evaluaci\u00f3n resulta a\u00fan m\u00e1s necesaria si se considera que las principales afectadas son familias damnificadas que han esperado durante largo tiempo por una vivienda definitiva y que, frente a una demolici\u00f3n, no s\u00f3lo pierden una soluci\u00f3n habitacional largamente anhelada, sino que quedan expuestas a un proceso de revictimizaci\u00f3n y nuevos plazos de espera, nuevas incertidumbres y una prolongaci\u00f3n de su situaci\u00f3n de vulnerabilidad. La dimensi\u00f3n social del problema obliga a ponderar no s\u00f3lo la condici\u00f3n f\u00edsica de las edificaciones, sino tambi\u00e9n el impacto humano, econ\u00f3mico y territorial de cada decisi\u00f3n.<\/p>\n
Desde el Colegio de Arquitectos de Chile consideramos que la reconstrucci\u00f3n debe sostenerse sobre criterios profesionales, participaci\u00f3n de especialistas competentes, transparencia administrativa y respeto por los procedimientos que el propio Estado ha definido para garantizar seguridad, justicia y certeza jur\u00eddica.<\/p>\n
Por lo anterior, su Mesa Directiva llama a que en el caso de El Olivar se asegure una evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica independiente, completa y verificable; se transparenten los informes que fundamentan las decisiones adoptadas; se comparen las alternativas de demolici\u00f3n, reparaci\u00f3n y reforzamiento; y se resguarde de manera prioritaria la situaci\u00f3n de las familias afectadas, evitando que los errores de gesti\u00f3n, dise\u00f1o, construcci\u00f3n, fiscalizaci\u00f3n o coordinaci\u00f3n institucional terminen siendo pagados por quienes m\u00e1s han esperado por una soluci\u00f3n habitacional digna.<\/p>\n
Cuando se debilitan las normas, los protocolos y el valor del criterio t\u00e9cnico, no s\u00f3lo se pone en riesgo una obra espec\u00edfica: se pone en riesgo la confianza p\u00fablica en la institucionalidad urbana, en la pol\u00edtica habitacional y en el ejercicio profesional que contribuye a construir nuestras ciudades.<\/p>\n
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