Actualmente una mesa integrada por el Ministerio de Bienes Nacionales y la Dirección de Arquitectura del MOP trabaja en un diagnóstico estructural del edificio de la exaduana, para evaluar el impacto del daño provocado por el incendio de febrero de 2015, que permitirá proyectar su futura utilización. Con respecto a esto, el municipio, la Cámara de Comercio y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Dibam han expresado su interés por hacerse cargo de su administración ligada a proyectos culturales.
Sobre este escenario se refirió el presidente del Colegio de Arquitectos de Tarapacá Diego Rebolledo, quien indicó que la tendencia actual en el uso de inmuebles patrimoniales es que “tengan un uso lo más cotidiano posible”.
En relación a la propuesta del municipio de crear un museo, el experto en restauración refirió que este tipo de espacios, “apuntan a la obsolescencia del bien patrimonial”, es decir que los museos son visitados esporádicamente y tienen problemas con la gestión de recursos para autosustentarse. “Eso va aportando a que el inmueble vaya quedando cada vez más abandonado… en Italia hay asociaciones que se hacen entre el Estado y los bancos, para que los bancos rehabiliten y usen inmuebles de valor patrimonial, lo que permite que mucha gente vaya usando y reconociendo el bien patrimonial”, enfatizó el arquitecto.
Con respecto a la biblioteca, Rebolledo aportó a que en el sector de la exaduana existen indicios históricos de afloramientos de agua, además se trata de una zona de inundabilidad.
Por último destacó el hecho que existan tres instituciones interesadas en hacerse cargo del edificio, que su juicio pueden llegar a un consenso para compartir el edificio, que garantice que muchas personas lo utilizarán y valorarán, exponiendo que podían convivir los concejos municipales, la Cámara de Comercio y una biblioteca electrónica, donde no existan archivos en riesgo.
Finalmente el dirigente gremial hizo un llamado para que la discusión sobre el futuro de la ex- Aduana considere la participación ciudadana.
(16 meses, han pasado desde el incendio que dañó este bien patrimonial).
Por Ximena Araya Monroy