La historia del fin de siglo XX para el Palacio Pereira se desarrolló en un contexto de problemas burocráticos y legales, con posturas divergentes entre actores ligados a la administración del Estado y con diferencias de opinión respecto de cómo intervenir y restaurar tal inmueble. Por ejemplo, su primera protección del año 1974, en categoría de Monumento Histórico, fue ilegalmente anulada el año 1975 y luego repuesta en el año 1981.
Posteriormente, ante el abandono de la propiedad, el Estado demandó a su propietario, sucediéndose una serie de dictámenes que hicieron temblar nuestra institucionalidad patrimonial.
Esta trayectoria requirió de la defensa continua y perseverante de muchos actores, entre otros de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago y del Colegio de Arquitectos y su Comité de Patrimonio, que opinó púbicamente sobre la inconveniencia de construir un proyecto que no tenía criterios patrimoniales y que, con el pretexto de financiar la restauración del Palacio, incrustaba en éste una torre de 23 pisos, vulnerando la norma vigente del Plan Regulador de Santiago y los más elementales principios de restauración patrimonial.
La reciente solución de compra del Palacio Pereira por parte del Gobierno, era la única salida posible para recuperar el bien y así lo hicimos ver a la autoridad en su oportunidad, dando como ejemplo la exitosa intervención en el Edificio Cousiño en Valparaíso. Hacemos por lo tanto un público reconocimiento a la exitosa gestión de la Directora de la DIBAM y del actual Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, quienes supieron llevar adelante la idea de compra, la que se enriquece además con la decisión de instalar allí oficinas públicas relacionadas con la cultura agregando valor al barrio y al palacio.
Aprovechamos de señalar que nuestra institucionalidad y marco legal requieren a todas luces ser modificadas para no reproducir casos como éste. Afortunadamente, se está iniciando un proceso de modificación la Ley de Monumentos Nacionales. Además urge establecer modalidades de gestión, de incentivos y de financiamiento público para salvar otros patrimonios, para lo cual es necesario involucrar en su gestión a los diversos actores que en este caso demostraron su capacidad, a los cuales también invitamos a fundar una Política Patrimonial ahora.
MARJOLAINE NEELY D.
Presidenta Comité Patrimonio Arquitectónico y Ambiental
Colegio de Arquitectos de Chile