Carlos Cruz fue uno de los creadores, impulsor y actualmente gerente general del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), instancia de debate y reflexión que reúne a académicos y profesionales del ámbito privado, dirigentes gremiales y otros interesados en el desarrollo de las infraestructuras, con el objeto de generar una política de Estado que oriente su desarrollo, de forma integral y a largo plazo.
Con una amplia trayectoria en el rubro, el profesional también se desempeña como consultor en países como Costa Rica y Panamá, en temas afines.
Continuando con el ciclo de entrevistas que recogen los 20 años del Instituto de la Construcción, Carlos Cruz comenta su visión del sector y sus principales desafíos.
– A su juicio, ¿Cuáles son las principales fortalezas y avances en términos de modernización y ventajas de la construcción, edificación e infraestructura en Chile?
La ingeniería y construcción en Chile es de calidad mundial. Esto queda en evidencia cuando vemos la reacción que se detecta en obras de diferente naturaleza para enfrentar grandes catástrofes, como las que nos han afectado como país en los últimos años.
En infraestructura y edificación tenemos la experiencia de los terremotos, las fuertes marejadas, los aluviones y los incendios que se han multiplicado en el último tiempo. Una comprobación fehaciente es que las obras resisten muy bien estas exigencias de la naturaleza. Esto es producto de un esfuerzo muy consciente que se ha asumido por todos los involucrados y donde el Instituto de la Construcción ha jugado un rol muy importante: reguladores, promotores de inversión, desarrolladores, ingenieros y constructores han asumido su compromiso con la calidad y eso ha tenido resultados muy significativos.
– ¿Qué aspectos habría que reforzar para robustecer el sector de cara al futuro?
Junto con hacer lo necesario en materia de infraestructura y edificación, es imperativo pensar cómo somos capaces de seguir innovando en este sentido, de modo que, manteniendo la solidez comprobada de nuestras obras, podamos aumentar su eficiencia.
Es evidente que como país estaremos más expuestos a desastres de la naturaleza y eso nos obliga a ser aún más exigentes en las normas de calidad, en la verificación normativa y en la responsabilidad de quienes ejecutan las obras en el seguimiento de las mismas. Hoy hay iniciativas muy atractivas en el campo de la resiliencia, en la innovación de productos y materiales, en el diseño estructural, que debemos incorporar a las obras que es necesario llevar a cabo en el futuro.
– ¿Cómo deberían orientarse los esfuerzos públicos y privados para fortalecer la construcción en Chile hacia el futuro?
A partir del reconocimiento de que Chile está cada vez más expuesto a eventos catastróficos, que dejó de ser un país pobre y que la ciudadanía es cada vez más demandante, lo que habría que hacer es potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación en este campo.
Es necesario poder ver la infraestructura con una mirada de largo plazo y apreciar las ventajas en beneficios y costos que pueden traer las inversiones en desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas constructivos. Hay una serie de entidades muy activas en esto: como CPI estamos trabajando con la Pontificia Universidad Católica de Chile en los temas de resiliencia y con la Universidad Técnica Federico Santa María en temas relacionados con la calidad de los servicios en las concesiones viales. Nos tiene muy entusiasmados porque es un valor agregado a la industria que hace mucha falta. Ahora habrá que disponer a las autoridades para estas investigaciones permeen los marcos normativos.
– ¿En qué ámbito usted considera que es relevante el encadenamiento entre el sector público, privado y académico?
Mi opinión es que este encadenamiento debería ser permanente para todas las actividades relacionadas al desarrollo de la infraestructura, pues los tres sectores mencionados son relevantes y, de una u otra forma, siempre se interrelacionan. No trabajar comunicados significa perder importantes oportunidades debido a las descoordinaciones que se generan.
Nosotros hemos incorporado al CPI a gremios relacionados con la actividad constructiva, a universidades y convocamos permanentemente al sector público para conversar acerca de temas que son de interés compartido, como contratos, calidad de los servicios, incorporación de nuevas normas técnicas, criterios de evaluación social de los proyectos, entre otros. Cada una de las reuniones que tenemos nos abren un conjunto de posibilidades que nos ponen enormes desafíos. Quisiéramos tener la capacidad de darle seguimiento a cada una de esas inquietudes.