Este martes 30 de marzo, el Colegio de Arquitectos de Chile fue invitado a exponer en la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado su posición respecto del proyecto de Ley de Integración Social y Urbana; iniciativa del Ejecutivo que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana y que, actualmente, se encuentra en segundo trámite constitucional.
En representación de nuestra asociación gremial, participó la Presidenta Nacional, Jadille Baza; el Presidente de Asuntos Internos, Francisco Herrera; la Secretaria de nuestro Comité de Hábitat y Vivienda, Ana Sugranyes; y el arquitecto miembro del mismo órgano asesor, Daniel Sepúlveda.
«Me permito valorar la voluntad del Ejecutivo de legislar en materias claves para el país, como lo son la integración social a través del enfrentamiento de problemas estructurales como lo son la segregación urbana y la exclusión social, bien conocidos por todos en nuestro país, y que son parte de los grandes problemas que afectan nuestras ciudades; donde la precariedad y la marginalidad son el estado en el que viven cientos de compatriotas y que no han podido ser solucionados por la política pública imperante», manifestó la Presidenta Jadille Baza.
«Fundamentalmente por lo que consideramos una desarticulación de estas políticas y, por lo tanto, la falta de una política urbana de escala nacional integrada, basada en el enfoque de derechos humanos; principios que no se observan en el presente proyecto de Ley», cerró la Presidenta Nacional antes de dar el paso a la arquitecta Ana Sugranyes, quien expuso en nombre del Colegio de Arquitectos.
Si bien se valoró que el proyecto de Ley manifiesta señales de avance en relación a la versión inicial de diciembre de 2018, específicamente en materias de descentralización, con instrumentos incipientes para la gestión de terrenos e inclusión de instrumentos de regeneración de barrios deteriorados, también manifestó una serie de reparos en relación a la validez del mismo.
En esa dirección, según la exposición de la Secretaria de nuestro Comité de Hábitat y Vivienda, el proyecto reduce el concepto de integración social a la accesibilidad a la infraestructura urbana y bienes públicos, sin abordar las dimensiones económicas, sociales, culturales y ambientales de la segregación y la fragmentación urbana.
Por otra parte, tampoco se basa en los derechos humanos, ni propone corregir los problemas de segregación urbana existentes, sino que los profundiza; flexibiliza la norma, sin consultar a la ciudadanía; ignora los planes reguladores; y aprueba zonas de integración por discrecionalidad del Ejecutivo.
También manifestó que las propuestas de integración social y urbana deben ser debatidas en el marco del proceso constituyente, para así concertar las bases comunes de la convivencia de la ciudad.
A partir de esos acuerdos básicos, se podrá definir instrumentos legales y procedimientos normativos necesarios para que la integración social y urbana se entienda como una política integral, que pueda incidir en una paulatina reversión de la profunda segregación urbana y desigualdad territorial que caracterizan a nuestras ciudades y que las políticas habitacionales han reproducido.
Por otra parte, también se alertó sobre el gigantesco desafío habitacional que enfrenta Chile ad portas de realizar el debate dentro de la Convención Constitucional.
Para cerrar, Ana Sugranyes comentó: «Frente a la enormidad de estos problemas, el proyecto de Ley de Integración Social y Urbana no nos proporciona un compromiso claro de cumplimiento para atender las demandas habitacionales de los 3.100.000 familias del Registro Social de Hogares. Más pareciera que la Ley en debate se dirige a los 2.500.000 hogares restantes en el país, que se identifican como grupos AB, C1a, C1b, C2 y una parte del C3».
«En este momento excepcional de debate constituyente, en que estamos colocando a la ciudad como elemento constitucional, y redefiniendo los roles del Estado y de la sociedad, no nos parece pertinente legislar sobre temas tan vitales como la Integración Social y Urbana», cerró.
En la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado de Chile, también participaron representantes de la Asociación de Municipalidades de Chile, Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, Asociación Chilena de Municipalidades, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano; y el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando.
Al cierre de la sesión presidida por el Senador Alejandro Navarro, nuestra Presidenta Nacional Jadille Baza agradeció la valoración que se hace de los arquitectos y arquitectas en un proceso tan importante y agregó que «el Colegio de Arquitectos permanentemente ha tenido un buen trabajo con el ministerio de Vivienda y Urbanismo en variados temas, no así en esta Ley, en la cual no hemos participado».
«Sin embargo, me gustaría rescatar un tema que me parece central y que hemos conversado en el Colegio de Arquitectos: no es posible aprobar hoy día un proyecto de Ley de la importancia que tiene este, sin analizar los aprendizajes y las lecciones que nos dejó la crisis sanitaria y el impacto que ella ha tenido no solamente en la vivienda, sino que en el territorio y la ciudad. Una Ley que se hace antes de este proceso, necesariamente debe revisarse. Tenemos que preocuparnos que la vivienda, además de ser digna, tenga espacio público, área verde, equipamiento; es decir, una política de vivienda hay que cambiarla por una política del hábitat», concluyó.
Finalmente, es importante destacar el reconocimiento y valoración que realizaron los Senadores sobre las propuestas y planteamientos del Colegio de Arquitectos, lo que devino en un llamado de estos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que integrara a nuestra orden gremial en la discusión activa del proyecto de ley, así como también en el proceso de formulación de propuestas tendientes a mejorar y perfeccionar el instrumento.
A continuación, puedes revisar la sesión completa de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado de Chile de este martes 30 de marzo: