En su sesión del 12 de noviembre el Consejo de Monumentos Nacionales acordó declarar Monumento Nacional en la categoría de Sitio Histórico, el Balneario Popular levantado durante el gobierno de Salvador Allende el año 1971 en Santo Domingo. Este formó parte de una red de 18 establecimientos similares, erigidos por el MINVU durante el gobierno de la UP, a fin de hacer posible el derecho a vacaciones de los trabajadores chilenos.
Cada uno de estos Balnearios recibía a 500 personas en cabañas familiares dotadas de 6 camas cada una. Los centros se complementaron con comedores colectivos, cocinas, lavaderos, posta de primeros auxilios, canchas deportivas y juegos infantiles. Después del golpe militar las fuerzas armadas se repartieron los establecimientos: la Armada, por ejemplo se adjudicó el de Puchuncaví, la FACH el de Ritoque; el Ejército los de de Pichidangui y Pichicuy.
A comienzos de 2014 se constituyó un equipo integrado por los arquitectos Renato Hernandez y Miguel Lawner (funcionario del Minvu), Ana Becerra y Beatriz Miranda, ambas detenidas políticas en el Balneario. También participaron los periodistas Fernando Villagrán y Javier Rebolledo y la abogada en Derechos Humanos Carmen Gloria Díaz. En conjunto prepararon un expediente que presentaron al Consejo de Monumentos Nacionales, quien aprobó por trece votos a favor y uno en contra la solicitud de declararlo Sitio Histórico.
Entre los argumentos que fundamentaron la aprobación por parte del Consejo de Monumentos Nacionales destaca que el sitio Balneario Popular luego fue reconvertido en uno de los primeros centros de detención y tortura clandestino que operaron en el país y campo de entrenamiento para agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Más tarde, el Balneario sirvió de centro vacacional para el personal de la CNI y en 1990 fue traspasado a dominio del Ejército, que lo mantuvo cerrado hasta fines del año pasado, momento en que se ordenó su rápido desmantelamiento. A partir de entonces las organizaciones de Derechos Humanos de la comuna de San Antonio, que agrupan a sobrevivientes y familiares de las víctimas de torturadas en dicho Balneario, se organizaron para impedir su demolición y junto con lograr que fuese declarado un sitio histórico, aspiran levantar un centro destinado a la preservación y educación de los Derechos Humanos.
“Es una gran victoria de las organizaciones de Derechos Humanos y un nuevo triunfo de la Memoria Histórica” dice Lawner.