Hemos visto estas semanas como, una vez más, se cierne una amenaza sobre el Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de Concón, esta vez la empresa propietaria pondrá un cerco que impedirá el acceso y por lo tanto la comunidad no podrá apreciar y disfrutar de esta bella formación natural. Este Santuario tiene una historia de casi 20 años de lucha por su protección, llena de conflictos marcados por el interés de disponer de más espacio para edificaciones y por el desconocimiento de su importancia geológica, natural y cultural.
Si bien los propietarios tienen derechos, que se arguyen para justificar la propuesta de cierre, también los ciudadanos tienen garantías consagradas en la Constitución, las que el Estado tiene obligación de resguardar asumiendo un rol activo para incrementar el patrimonio en beneficio de todos y para que todos vivamos en un ambiente libre de contaminación. Distintos gobiernos han fracasado en saber conciliar los intereses privados con las necesidades de las comunidades, no asumiendo que la sustentabilidad se basa en que siempre debe primar el interés público, el bien común.
Estamos conscientes de que han existido intentos de las autoridades locales para resguardar el Santuario y que los vecinos han realizado una campaña permanente, pero no es suficiente y es tiempo de que las autoridades regionales y nacionales encuentren una solución para transformar a este Santuario en un espacio público, un parque natural con un adecuado plan de manejo y con los recursos pertinentes para su mantención.
Si no es posible desde la acción privada que las dunas sean un parque y que se resguarde efectivamente su valor patrimonial, nos asiste el deber de pedir su expropiación y que se creen las estructuras administrativas para su gestión. Una vez más las autoridades tienen la opción de resolver este problema o bien asistir sordamente al clamor ciudadano, que se elevará cada vez que la ciudad impacte sobre nuestras bellezas naturales. El estado debe comprometerse con la conservación de nuestro patrimonio ambiental y la función social de la propiedad consagrada en la constitución puede y debe hacerse valer en este y otros casos que preocupan a lo largo de Chile.
El Comité del Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile estima su deber el alzar una vez más su voz sobre este problema, esperando que las autoridades sepan responder esta vez a la demanda ciudadana.
Marjolaine Neely
Presidenta Comité de Patrimonio
Colegio de Arquitectos de Chile
Se agradecen estas reacciones por parte de este comite perteneciente a esta respetable institución, pero es lamentable que estas lleguen siempre tarde y estos actos en contra de nuestro patrimonio ambiental siguen ocurriendo en nuestro pais.
¿No es hora que las acciones se realizen antes de que todo esto ya esta ” cocinado”?
imagino que esto se sabe desde que estos terrenos cambiaron de dominio o no?