**Esta columna de opinión fue publicada en latercera.com el 30 de noviembre de 2025
La llamada megatoma de San Antonio no es un episodio aislado ni un simple problema de «orden público». Es la expresión más cruda de un fracaso acumulado del Estado para garantizar el acceso a la vivienda y para planificar las ciudades con una mirada de largo plazo. Hoy existe un fallo judicial que ordena el desalojo del Cerro Centinela, y nadie puede desconocer la vigencia del Estado de Derecho. Sin embargo, aplicar esa sentencia de manera literal, sin una alternativa real para las cerca de diez mil personas que viven allí, equivale a abrir la puerta a una crisis humanitaria de proporciones.
Se ha hablado de habilitar albergues temporales, como si una ciudad de las dimensiones y capacidades de San Antonio pudiera, de un día para otro, recibir y acoger a miles de familias. Esa opción sencillamente no es viable: no existen recintos, servicios ni equipamientos suficientes. El problema no se resuelve trasladando el campamento a una serie de galpones improvisados, sino abordando de raíz el déficit de suelo y vivienda.
La alternativa de comprar el terreno mediante negociación fracasó por la vía conocida: precios abiertamente especulativos por parte de los dueños, muy por sobre cualquier tasación razonable. Ante ese escenario, el Estado tiene una herramienta legítima y necesaria: la expropiación, pagando el suelo a precio de mercado y poniéndolo al servicio de un proyecto habitacional bien planificado. En este punto, respaldo plenamente que se utilicen las facultades expropiatorias. No se trata de vulnerar el derecho de propiedad, sino de recordarnos que este derecho convive con otros, entre ellos el derecho a una vivienda digna, que en Chile sigue siendo un gran ausente en nuestra Constitución.
Porque el verdadero trasfondo de la megatoma de San Antonio no está solo en ese predio, sino en el déficit habitacional que bordea el millón de viviendas y en la nula capacidad de proyectar políticas más allá del próximo ciclo electoral. Mientras la prioridad siga siendo exhibir rápidamente cifras de soluciones habitacionales, seguiremos atacando los síntomas y no las causas. La pregunta no es cuántos subsidios se entregan cada año, sino qué tipo de ciudades estamos construyendo y con qué patrones de localización, densidad y acceso a servicios.
El Metro de Santiago es un ejemplo de política pública que trasciende gobiernos de cuatro años, atravesados por elecciones intermedias y cambios de coalición. Nadie imagina que cada administración «parta de cero» en materia de trazados y extensiones; hay acuerdos básicos sobre el horizonte de largo plazo. En vivienda y ciudad necesitamos algo similar: consensos transversales entre gobiernos, Parlamento y comunidades organizadas, que permitan sostener proyectos de una década, integrando suelo, transporte, equipamientos y mecanismos estables de financiamiento.
Finalmente, el caso de San Antonio nos interpela a abandonar la lógica de ciudades que se expanden ad infinitum, empujando a los sectores populares cada vez más lejos de las oportunidades. Expropiar y planificar mejor no es solo un problema técnico, es una decisión política que supone reconocer que el derecho a la vivienda debe ser un pilar explícito de nuestro pacto constitucional. Mientras eso no ocurra, nuevas «megatomas» seguirán emergiendo allí donde el mercado del suelo y la indiferencia institucional dejan de ofrecer alternativas. La pregunta no es si habrá otro Cerro Centinela, sino cuánto estamos dispuestos a cambiar para que no lo haya.
Rodolfo Jiménez Cavieres
Presidente nacional del Colegio de Arquitectos de Chile
