© El Clarín
La semana pasada una inmobiliaria anunciaba la demolición de la casona que desde su construcción en 1909 ha sido la protagonista de la esquina de Morandé con Rosas, en pleno centro capitalino. Este hecho alarmó a varios que conocían de la condición de “Inmueble de Conservación Histórica” que tiene este edificio desde el 2008.
La alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, inició así una campaña para evitar que esto suceda, encontrando gran apoyo de parte de concejales, organizaciones civiles y el Colegio de Arquitectos. El jueves pasado, en una manifestación realizada frente al edificio, Tohá recalcó que el municipio no tiene las herramientas legales para evitar la demolición, por lo que sólo cuentan “con las herramientas de la ciudadanía, con los de la conciencia patrimonial”.
Sin embargo, Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad dice que un artículo de la ley General de Urbanismo y Construcción sí puede proteger a la casona.
Conoce los detalles de la ley a continuación.
El 26 de mayo de 2008, la modificación del Plan Regulador de Santiago permitió que el edificio rojo colonial ubicado a cuatro cuadras de la Plaza de Armas fuese declarado “Inmueble de Conservación Histórica”. Sus cuatro pisos de arquitectura ecléctica con influencia del neoclásico francés y un torreón rematado por un reloj, hicieron de esta construcción de 1909 un patrimonio digno de proteger.
Pero esta historia tenía un antecedente: en enero de ese año el dueño del terreno donde se ubica la casona había recibido un permiso de edificación. Cinco años han pasado y hace unos días se anunció que una inmobiliaria planea demolerla antes de que termine el año para levantar en su lugar una torre de 33 pisos y seis subterráneos.
Por esto, la alcaldesa llevó el caso a organizaciones patrimoniales, al Minvu y al Consejo de Monumentos Nacionales, al que solicitó la declaración de esta casona como Monumento Nacional en categoría de Monumento Histórico. Además, anunció que la municipalidad realizará un «Mapa de Patrimonio en Peligro» de la comuna, lo que permitiría que se puedan tomar medidas antes de que sea demasiado tarde.
Pero además de estas gestiones, Patricio Herman aludió al artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de la ley General de Urbanismo y Construcción donde está claramente establecido que si “en el caso de tres años de concedido el permiso de edificación aún no se han iniciado las obras o si durante el mismo plazo las obras hubieren permanecido paralizadas, dicho permiso caducará“. No obstante, muchas veces ocurre que se mantienen las obras paralizadas, pero cuando están a punto de completar el plazo de tres años, se hacen trabajos menores con el fin de que el permiso no caduque, y con ello, no les afecten los cambios de los planes reguladores u otras normas.
Según los antecedentes del caso de la casona de Morandé con Rosas, ya han pasado cinco años desde que se entregó el permiso y, recién ahora el dueño del terreno tiene la intención de levantar este nuevo proyecto inmobiliario, por lo que no habría razón legal para que hagan desaparecer otro patrimonio más del centro de Santiago, según dice Herman.
Patrimonio de Santiago
La comuna cuenta con 18 zonas típicas, 76 monumentos históricos, 12 zonas de conservación histórica y 918 inmuebles de conservación patrimonial. Según la alcaldesa, el municipio va a aumentar a 16 zonas de conservación histórica e incorporar 285 nuevos inmuebles de conservación histórica, además de tres nuevas Zonas Típicas en Matta Sur, Huemul y la zona obrera y ferroviaria de Barrio San Eugenio.
La Presidenta de la Comisión de Patrimonio y Urbanismo del Consejo de la Sociedad Civil, Rosario Carvajal, dijo a la Radio Universidad de Chile que todo el problema radica en que “no existe política en el ámbito patrimonial en Chile”, y agregó que “necesitamos con urgencia una ley de patrimonio, porque en estos momentos tenemos una ley de monumentos que data de 1925, muy buena propuesta para esa época, de avanzada, pero que está absolutamente desfasada con las necesidades y miradas del patrimonio del siglo XXI. Y necesitamos que esta ley sea con participación ciudadana vinculante de las organizaciones y vecinos que habitan estas zonas y también con una inyección de recursos y fiscalización”.
© Municipalidad de Santiago