CARTA ABIERTA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS AL PAÍS
INTRODUCCION
Constatamos que en este último tiempo un importante sector de la sociedad chilena ha expresado su malestar ante diferentes situaciones que le afectan. Ello ha sido particularmente relevante en el ámbito de la educación, la colusión de grandes empresas, las decisiones unilaterales en perjuicio de las personas y en general una percepción de engaño y de las faltas a la ética en todos los ámbitos de la vida nacional. También en el contexto de la Calidad de Vida, constatamos que las actuales condiciones de participación en las decisiones en todo aquello que impacta el hábitat familiar y colectivo no contribuyen a solucionar los problemas de desigualdad y de abuso existentes.
Aún, constatando mejoras en algunos índices de calidad en infraestructura de ciudad, en la experiencia cotidiana de la calidad de vida, incluyendo de manera importante a las ciudades y poblados, se manifiestan situaciones de inequidad. El panorama nacional nos muestra que, si bien en América Latina han disminuido los indicadores de la “pobreza dura”, este mayor crecimiento se expresa en velocidades muy diferentes en el territorio. Mientras los Barrios y Comunas que reciben el beneficio de las inversiones se enriquecen a niveles impensados, algunos mejoran lentamente algunas condiciones y otros empeoran en aspectos como el espacio público, la accesibilidad a los servicios y a las áreas de esparcimiento, en especial en sectores de alta vulnerabilidad social. La creciente desigualdad urbana es un tema que a los arquitectos nos incentiva a trabajar con mayor fuerza por una mejor ciudad.
A partir de las conclusiones de nuestro XXII Congreso y en consideración de los evidentes problemas de participación de la comunidad en las decisiones en todo aquello que impacta el hábitat personal y colectivo, sumado a la progresiva desvalorización de nuestra profesión reflejada en la disminuida influencia y desperfilada autoridad que tenemos en la esfera pública con los temas que nos involucran, junto a la incomprensión y reduccionismo de nuestra labor, queremos manifestar al país lo siguiente:
1. El Derecho a la Ciudad. Abogamos por El Derecho a la Ciudad, restaurando su sentido democrático de convivencia, para hacer de ella el escenario de encuentro de la vida colectiva, proporcionando calidad de vida para todos.
Damos acogida a las organizaciones de la sociedad que procuran la defensa de sus barrios y patrimonio cultural, generando instancias de integración de los arquitectos con la sociedad a través de la responsabilidad social y gremial del Colegio.
2. Rol del Estado. Hacemos notar que el cambio del Rol del Estado en los últimos decenios ha abandonado su natural sentido de Planificador y principal Propietario y Gestor de los Bienes Productivos y Bienes de Servicio del país. Esta situación ha sido negativa para el desarrollo de las ciudades y asentamientos, por cuanto el impulso a la Gestión Privada, la que no tiene obligación de velar por el desarrollo conjunto de las necesidades urbanas, ha dificultado seriamente el acceso universal al Suelo Urbano, no contemplando reservas por parte del Estado y entregándo su regulación al mercado, el cual determina su uso al valor económico del suelo. Entre muchos casos ocurridos y por ocurrir por esta situación, destaca la reciente construcción emblemática del Mall de la ciudad de Castro.
Esto se refleja negativamente en los productos urbanos tales como, los espacios públicos y el transporte, como también en la distribución de servicios según la densidad de cada sector y en general, proporcionando gran dificultad para lograr la tan ansiada integración social.
3. Vivienda, Patrimonio y Sustentabilidad. Hacemos presente la necesidad de aumentar los estándares de calidad y superficie de la vivienda, pensando en una vivienda digna y justa. La recuperación del patrimonio como fuente de identidad y sustentabilidad urbana, la construcción de un tejido urbano armónico acorde con los distintos modos de vida y la construcción de una ciudad ética en contraposición a la ciudad de la especulación.
4. Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Se requiere perentoriamente de una Política Nacional de Ordenamiento Territorial acompañado de su respectiva ley, que dé coherencia al desarrollo regional y urbano, que permita a los distintos organismos y niveles territoriales de decisión, compartir objetivos comunes, en lo que se refiere a la utilización y protección de los recursos naturales, las prioridades de ocupación y urbanización, la utilización del suelo según su aptitud y restricciones, la definición de ejes de desarrollo y la protección de la cultura rural y natural.
5. Política de Desarrollo Urbano. Queremos continuar en la tarea de ser parte actuante y con capacidad de gestación en la Nueva Política de Desarrollo Urbano que lleva el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la nueva Ley de Urbanismo y Construcciones, como también en las modificaciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Hacemos énfásis en que se garantice la participación ciudana vinculante en los distintos niveles legislativos para el territorio, para lo cual es necesario esclarecer los procesos de toma de deciciones en las distintas instancias de participación.
6. Sostenibilidad del Territorio. Se requiere urgentemente de una mayor comprensión del significado de la Sostenibilidad del Territorio, incluyendo sus aspectos físicos, ambientales, culturales, económicos y sociales, construyendo un ambiente social más humano y de mejor calidad. Donde se aborde la sustentabilidad en el quehacer arquitectónico y urbanístico desde la especificidad propia de cada localidad.
7. Institucionalidad. Para hacer efectivo esto proponemos la creación de un Organismo Nacional encargado del desarrollo territorial y de rango ministerial. Es imprescindible que el sector público planifique y coordine su acción desde los distintos sectores en estos temas con una visión de futuro.
8. Artículo 59 de la LGUC. Llamamos a tomar con fuerza y urgencia el proyecto de modificación del artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que está impulsando el gobierno, para solucionar la insostenible caducidad de las declaratorias de uso público, ya que su efecto en las áreas urbanas provocará graves trastornos de conectividad y el deterioro de la calidad de vida, disminuyendo las áreas vedes, actualmente deficitarias, no permitiendo los ensanches y aperturas de vías propuestos para un flujo vehicular expedito, con los consecuentes problemas de funcionalidad urbana. Llamamos a los parlamentarios a aprobar este imprescindible proyecto con urgencia.
9. Fondo nacional para expropiaciones. Se propone la creación de un fondo nacional para expropiaciones que resuelva las situaciones que afectan a pequeños propietarios o permita la formación de las indispensables áreas verdes públicas.
10. Gestión Comunal. Se propone una profunda revisión de las Leyes, poniendo énfasis en la gestión de las Comunas. Las Municipalidades deben ser reconocidas en su carácter de Empresas de Servicio Público y las Direcciones de Obra pasen a ser Unidades de Gestión del Desarrollo Urbano Comunal. En forma especial se propone revisar los cambios en el ordenamiento territorial que ha generado el artículo 55 de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
11. Ejercicio Profesional. Hacemos un llamado al gobierno, a los parlamentarios y al país entero a considerar la profesión de arquitecto como un ejercicio de fuerte impacto social en la comunidad y por ello debe ser sometida a una acreditación obligatoria que corrija las actuales deformaciones y carencias en la formación de pregrado, como asimismo del aseguramiento de la calidad y excelencia, como las variables básicas, demandadas por el reciente movimiento estudiantil y que asimismo nos comprometen como gremio.
12. Formación Ética. Abogamos por una enseñanza superior que también entregue una formación ética del estudiante de arquitectura, con el fin de hacer del arquitecto un profesional honesto y responsable con la sociedad y su entorno. Hacemos hincapié en la formación multidisciplinaria de la carrera de arquitectura basada en una docencia colaborativa para revitalizar la formación como un medio eficaz para actuar en una sociedad global y altamente integrada.
13. Ley de Colegios Profesionales. Abogamos por una homologación obligatoria, lo que requiere que la colegiatura sea obligatoria y le sean restituidas las atribuciones que tenía como Colegio Profesional como referente ético del desempeño y calidad de los arquitectos de Chile en beneficio de nuestra sociedad.
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE