**Esta columna de opinión fue publicada en Negocio & Construcción en su edición de septiembre de 2026
Cada vez que un sismo sacude Perú, Venezuela o Colombia, o que un catastro cuenta más campamentos en Chile que el año anterior, se repite la misma pregunta incómoda: ¿por qué, después de un siglo entero de políticas habitacionales, millones de familias latinoamericanas siguen construyendo su propia casa, sin permiso, sin arquitecto, sin ingeniero y muchas veces sin seguridad estructural?
La autoconstrucción no es un accidente ni una anomalía. Es, desde los años cuarenta, la respuesta más consistente de los sectores populares chilenos frente a un déficit que el Estado nunca ha logrado cerrar. La toma de La Victoria, en 1957, fundó un patrón que se repetiría por décadas: familias organizadas ocupando y levantando barrios enteros por cuenta propia. El Estado, lejos de ignorarlo, intentó capturarlo: Operación Sitio (1965) entregó sitios de 9×18 metros para que las propias familias autoconstruyeran, formando cientos de los barrios que hoy estructuran Santiago. La dictadura rompió ese modelo y lo reemplazó por el subsidio individual y la vivienda mínima terminada; la democracia lo retomó a medias con la Vivienda Progresiva de los noventa —entre cuyos antecedentes hubo experiencias de asistencia técnica organizada, como la que capacitó comités vecinales de Peñalolén en sistemas constructivos propios durante los años ochenta—, y hoy sobrevive, fragmentado, en densificación predial y en leyes como la del mono, que desde 1994 regulariza, sin resolver de fondo, lo construido sin permiso.
El patrón no es solo chileno. En México, entre 57% y 65% de las viviendas son autoproducidas; en Perú, hasta un 80%, gestionado en un 94% por maestros de obra sin soporte técnico de arquitectos e ingenieros, con materiales que resisten la mitad de lo debido frente a un sismo —de ahí que un terremoto mayor en Lima podría hacer colapsar hasta 200 mil viviendas—. En Colombia, tres de cada cinco construcciones no tienen permiso. Brasil, en cambio, legisló: desde 2008 garantiza por ley asistencia técnica pública y gratuita a las familias que autoconstruyen. América Latina entera ha enfrentado su déficit habitacional sobre todo por cuenta propia, no gracias al Estado sino, muchas veces, a pesar de él.
Eso hay que decirlo sin eufemismos: el Estado —en Chile y en la región— no ha tenido, en setenta años, la capacidad de producir vivienda formal al ritmo que la necesidad exige. Y no es falla de un gobierno ni de un color político: democracia y dictadura, izquierda y derecha, han ensayado fórmulas distintas —tutela comunitaria, poder popular, subsidio a la demanda, mercado de suelo— sin cerrar jamás la brecha. Hoy, con 120 mil familias en campamentos y una nueva «Operación Sitio 2.0» que promete suelo fiscal sin detallar cómo se construirá en él, el riesgo de repetir el error histórico —entregar terreno sin ciudad— sigue intacto.
Si la autoconstrucción seguirá siendo, de hecho, la principal productora de vivienda popular en Chile y en la región, la pregunta ya no es cómo evitarla, sino cómo darle las garantías de seguridad y confort que hoy no tiene. Eso exige acompañamiento real, no solo títulos de dominio: asistencia técnica desde el diseño, financiamiento escalonado ajustado al ritmo en que las familias realmente construyen, y un marco legal que reconozca el proceso completo, no solo el resultado final.
Una vía concreta y replicable: bancos de materiales y de herramientas de acceso comunal —que abaratan por escala lo que ninguna familia puede negociar sola— y talleres locales donde se fabriquen componentes constructivos certificados y se capacite a las propias familias autoconstructoras. No reemplazan al Estado, pero sí traducen setenta años de política habitacional incompleta en una infraestructura de apoyo a la altura de cómo Chile y América Latina construyen, de verdad, sus casas. Ahí tienen un rol concreto los municipios, las universidades y los colegios profesionales: más cerca de la obra que de la oficina.
Rodolfo Jiménez Cavieres
Presidente nacional del Colegio de Arquitectos de Chile
Académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la USACH