**Esta columna de opinión fue publicada en biobiochile.cl el 12 de diciembre de 2025
En Estados Unidos se está gestando un cambio silencioso pero profundo: el Departamento de Educación dejará de considerar la arquitectura como un «professional degree» para efectos del financiamiento estudiantil. Aunque las autoridades insisten en que este ajuste es meramente administrativo, las implicancias reales sobre quién podrá estudiar arquitectura y qué tipo de profesión tendremos en el futuro son ineludibles.
La arquitectura no pierde su condición profesional ante los organismos que regulan el ejercicio —NAAB, NCARB y los estados mantienen intactas sus exigencias de acreditación y licencia—, pero el Estado federal está enviando un mensaje contradictorio: mientras reclama más infraestructura, vivienda y planificación urbana, reduce drásticamente el acceso a la formación de quienes deben liderar esos procesos. El límite de préstamos federales para estudiantes de posgrado en arquitectura caerá a menos de la mitad del que reciben otras profesiones reconocidas como tales. Esa decisión expulsa del sistema a quienes dependen del crédito público para financiar estudios cada vez más costosos.
El efecto no será neutro. Los programas de arquitectura, especialmente en universidades públicas y regionales, verán disminuir su matrícula y, con ello, su capacidad de sostener proyectos académicos que tradicionalmente han cumplido un rol de movilidad social y territorial. Al mismo tiempo, los estudiantes se verán empujados hacia préstamos privados más onerosos o, simplemente, hacia la renuncia a su vocación. La profesión corre el riesgo de volverse más elitista, menos diversa y más alejada de las realidades que pretende transformar.
El impacto urbano también es evidente. Una arquitectura menos accesible produce ciudades menos justas: si quienes diseñan nuestros espacios públicos provienen de un segmento cada vez más reducido, disminuye la capacidad de la disciplina para comprender la complejidad social, territorial y ambiental de las comunidades a las que debe servir. Esto resulta especialmente grave en un contexto de crisis climática y déficit habitacional, donde la arquitectura tiene un papel decisivo en la salud, seguridad y bienestar de la población.
Lo que está en juego no es una etiqueta burocrática, sino la definición misma de qué profesiones considera valiosas el Estado y a quién se le permite acceder a ellas. Cuando las políticas de financiamiento dejan de alinearse con las necesidades públicas, la consecuencia es una sociedad peor preparada para afrontar sus desafíos. La arquitectura, como campo estratégico para la sustentabilidad, la cohesión social y la equidad urbana, merece algo distinto.
El debate estadounidense debería servirnos de advertencia. La formación profesional no puede depender únicamente de criterios fiscales; requiere una visión de futuro que reconozca su aporte al bien común. Si no defendemos ese principio, corremos el riesgo de construir ciudades —y profesiones— que excluyan precisamente a quienes más necesitan ser incluidos.
Rodolfo Jiménez Cavieres
Presidente nacional del Colegio de Arquitectos de Chile
Académico arquitectura USACH