**Esta columna de opinión fue publicada en biobiochile.cl el 10 de septiembre de 2025
A diez años de su promulgación, la Política Nacional de Desarrollo Urbano enfrenta el desafío de actualizarse frente a la crisis climática, la segregación socioespacial y la fragmentación institucional. La oportunidad está en convertir un marco aspiracional en una herramienta vinculante que transforme realmente nuestras ciudades.
La Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), promulgada en 2014, se presentó como un hito: la primera propuesta integral para guiar el desarrollo de nuestras ciudades bajo principios de integración social, equilibrio ambiental, desarrollo económico, identidad y gobernanza. Con ella, Chile reconocía que la vida urbana no podía seguir determinada únicamente por el mercado del suelo y las coyunturas políticas, sino que requería un horizonte común de calidad de vida y sustentabilidad.
Su virtud fue poner a las personas en el centro, no solo en términos de acceso a bienes tangibles –vivienda, transporte, áreas verdes–, sino también en la dimensión subjetiva de pertenencia, seguridad y relaciones comunitarias. Fue, en muchos sentidos, un contrato social que buscaba articular la complejidad de la ciudad como espacio humano y no solo como aglomeración de construcciones.
Sin embargo, a una década de su promulgación, los desafíos urbanos han mutado con rapidez. La segregación socioespacial, ya diagnosticada en el documento original, se ha profundizado con fenómenos recientes: alzas sostenidas en el precio del suelo, procesos de gentrificación y desplazamiento, y nuevas formas de precariedad habitacional como los campamentos en expansión. A la vez, emergen problemáticas menos consideradas en 2014, como el cambio climático, las olas de calor en ciudades mal densificadas, y la necesidad de avanzar hacia una movilidad urbana descarbonizada.
El Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT) ha trabajado en una nueva propuesta que introduce lineamientos más claros sobre la gestión de riesgos socioambientales, la eficiencia energética, la resiliencia y la armonización con compromisos internacionales. Este esfuerzo, desarrollado a través de subcomisiones temáticas, busca darles coherencia legal y operativa a los objetivos, superando las contradicciones y vacíos detectados en la práctica.
El riesgo, sin embargo, es que esta actualización se transforme en un ejercicio técnico sin capacidad real de incidir. Ya en su origen, la PNDU adolecía de un problema estructural: dependía de múltiples ministerios y niveles de gobierno, con competencias fragmentadas y escasa coordinación. Si la actualización no resuelve este cuello de botella institucional, la política seguirá siendo un marco aspiracional más que una herramienta efectiva de transformación.
En este punto, cabe preguntarse: ¿qué significa realmente “tener una política urbana”? ¿Basta con consensuar principios y lineamientos si no existen mecanismos claros de implementación, financiamiento y fiscalización? La experiencia chilena muestra que los diagnósticos abundan, pero las ciudades siguen reproduciendo desigualdades. La PNDU y su actualización no deberían contentarse con enumerar buenas intenciones: debe convertirse en un instrumento de planificación vinculante, con objetivos, plazos, responsables y consecuencias.
Al mismo tiempo, no debemos perder de vista la dimensión cultural que el documento original subrayaba: un cambio en la valoración de lo público y del espacio colectivo. Mientras sigamos considerando la ciudad como un bien de consumo individual y no como un proyecto común, cualquier política –por sofisticada que sea– quedará reducida a letra muerta.
Consideramos que la PNDU abrió un camino inédito al instalar la discusión sobre las ciudades como un “tema país”. La actualización en curso es una oportunidad para revitalizar esa promesa, siempre que se atreva a pasar de los principios a las decisiones difíciles: articulación de una efectiva institucionalidad y gobernanza urbanas, coordinación e integración sectorial real, redistribución del suelo bien localizado, inversión en integración social, límites a la especulación inmobiliaria, búsqueda de modelos de regeneración y un verdadero fortalecimiento de las capacidades locales. Por estos requerimientos es que planteamos que es imprescindible e inseparable de la Política Urbana actualizada, un Plan de Acción para dar cuenta de la voluntad de todos los actores de responsabilizarse en el sentido que señala el texto.
Solo así la política urbana dejará de ser un documento inspirador y se convertirá en la columna vertebral de un Chile más justo, habitable y sustentable.
Rodolfo Jiménez Cavieres
Presidente nacional
Colegio de Arquitectos de Chile