En las últimas semanas, diversas voces se han manifestado en los medios de comunicación respecto de la conveniencia de que Chile cuente con un Premio Nacional de Arquitectura otorgado por el Estado, incorporándolo al sistema de Premios Nacionales establecido por la Ley N.º 19.169.
Creo que sería inconducente que el Colegio de Arquitectos de Chile se opusiera a que el Estado otorgara un reconocimiento oficial a arquitectas y arquitectos destacados. Por el contrario, considero que se trata de una aspiración legítima y valiosa.
La arquitectura constituye una disciplina que trasciende ampliamente el ejercicio profesional. A través de ella se construyen nuestras ciudades, viviendas y espacios públicos; se preserva y transforma nuestro patrimonio y, en buena medida, se configura el entorno en el que se desarrolla la vida de las personas. Que el Estado reconozca a quienes hayan realizado una contribución excepcional en este ámbito constituiría, por tanto, no solo un reconocimiento a una trayectoria individual, sino también una valoración pública de la arquitectura y de su contribución al desarrollo cultural, social y territorial del país.
Esta aspiración, por lo demás, no es reciente. La propia Política de Fomento de la Arquitectura 2017–2022 planteó explícitamente la necesidad de revisar la Ley N.º 19.169 y formular una propuesta destinada a incorporar un Premio Nacional de Arquitectura entre aquellos reconocidos oficialmente por el Estado.
Sin embargo, considero necesario distinguir dos formas de reconocimiento que, lejos de ser contradictorias, poseen naturalezas diferentes y pueden perfectamente coexistir: el reconocimiento que una comunidad profesional otorga a través de sus pares y aquel que el Estado confiere en representación de la sociedad.
Desde 1969, el Colegio de Arquitectos de Chile otorga el Premio Nacional de Arquitectura. Durante más de medio siglo, esta distinción ha reconocido trayectorias sobresalientes, no solo por su obra construida, sino también por sus aportes académicos, gremiales, culturales y públicos, así como por el desempeño ético de quienes han contribuido significativamente al desarrollo de nuestra disciplina. Su historia y la relevancia de quienes lo han recibido han construido un patrimonio institucional que pertenece no solamente al Colegio, sino también a la historia de la arquitectura chilena.
La eventual creación de un Premio Nacional de Arquitectura otorgado por el Estado no debiera significar la desaparición ni la sustitución de este reconocimiento. Por el contrario, ambos pueden coexistir y complementarse. Uno expresa el reconocimiento de una comunidad profesional organizada hacia quienes sus propios pares consideran referentes de la disciplina; el otro representaría el reconocimiento de la sociedad, a través del Estado, al aporte que la arquitectura y quienes la ejercen realizan al desarrollo del país.
Esta discusión podría incluso abrir una reflexión más amplia. La legislación vigente reconoce Premios Nacionales en literatura, periodismo, ciencias, historia, educación, artes y humanidades, entre otras áreas, mientras diversas disciplinas que realizan contribuciones fundamentales al país -entre ellas la arquitectura y otras profesiones- no cuentan con un reconocimiento estatal específico de naturaleza equivalente. Parece razonable preguntarse, entonces, si después de más de tres décadas de vigencia de la Ley N.º 19.169 no corresponde revisar y actualizar las disciplinas que Chile considera merecedoras de su máximo reconocimiento público.
Desde mi responsabilidad como presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, valoro que esta discusión se produzca y considero que nuestra institución debe estar disponible para contribuir a ella. Al mismo tiempo, reafirmo la responsabilidad histórica del Colegio de continuar otorgando el Premio Nacional de Arquitectura que nuestra institución creó en 1969 y que, a lo largo de más de medio siglo, ha adquirido un significado propio para nuestra profesión y para la arquitectura chilena.
Defender esa trayectoria no significa, sin embargo, considerar inmutable la forma en que este reconocimiento se concede. Más de cincuenta años de historia obligan también a revisar periódicamente sus procedimientos. Considero necesario actualizar su reglamento, fortalecer la transparencia de las postulaciones y de los mecanismos de evaluación, ampliar la representatividad y pluralidad de quienes participan en el proceso y establecer las mayores garantías posibles tanto para nuestros asociados y asociadas como para la comunidad nacional.
Preservar una institución no significa dejarla intacta. Significa, precisamente, tener la capacidad de actualizarla para mantener su legitimidad, su vigencia y el reconocimiento de quienes forman parte de ella.
Por estas razones, considero que la discusión no debiera plantearse como una disyuntiva entre un Premio Nacional de Arquitectura otorgado por el Colegio y un Premio Nacional de Arquitectura otorgado por el Estado. Chile puede perfectamente contar con ambos, porque representan reconocimientos de naturaleza distinta y complementaria: el de los pares a una trayectoria ejemplar dentro de la disciplina y el del Estado al aporte que la arquitectura y sus protagonistas realizan a la sociedad chilena.
Rodolfo Jiménez Cavieres
Presidente nacional
Colegio de Arquitectos de Chile
