Mientras el debate público se consume en los detalles del DS 68, el gobierno impulsa en silencio una iniciativa de consecuencias mucho más profundas para el desarrollo urbano del país. La llamada Operación Sitio 2.0, impulsada por el ministro Iván Poduje como un «plan B» ante la restricción presupuestaria que dejó al Ministerio de Vivienda con apenas 26.000 de los 40.000 subsidios requeridos, propone entregar lotes fiscales de alrededor de 300 m² a familias vulnerables, con la promesa de que la urbanización y la vivienda definitiva llegarán después —en etapas sucesivas cuyo financiamiento y plazos permanecen sin garantía.
Desde el Colegio de Arquitectos de Chile queremos decirlo con claridad: esto no es una política habitacional. Es una política de administración de la pobreza.
El nombre no es inocente. La Operación Sitio original del gobierno de Eduardo Frei Montalva, ejecutada entre 1965 y 1970, fue bautizada popularmente como «Operación Tiza»: porque lo único que se entregaba era el lote rayado en el suelo. Seis décadas después, los barrios que produjo ese programa siguen acusando las consecuencias: segregación, falta de equipamiento, deterioro urbano y concentración de pobreza. Hoy Chile tiene más de 700.000 personas habitando «barrios críticos» que en su mayoría son hijos directos de aquella política. Repetir el modelo —aunque se le llame 2.0— no es innovar: es olvidar deliberadamente la historia.
La diferencia de contexto agrava el problema. En los años 60, Santiago tenía 2 millones de habitantes. Hoy tiene 8. Los terrenos periféricos fiscales disponibles en la Región Metropolitana están mucho más lejos de los empleos, los servicios de salud, las escuelas y el transporte que los de entonces. En el norte del país, donde el suelo fiscal es abundante, el programa podría tener cierta lógica; en Santiago y la zona central, los terrenos bien ubicados son escasos y disputados. Lo que quedará disponible para el programa será, inevitablemente, periferia.
La falacia del propietario
El Presidente Kast ha declarado que quiere «un país de propietarios, no de arrendatarios». Es una frase políticamente eficaz. Pero la propiedad de un lote vacío, sin servicios, sin urbanización garantizada y en una periferia desconectada no es un activo: es una carga. Las familias que lo reciban deberán asumir los costos de edificar su vivienda, absorber los tiempos de espera para que lleguen el agua, el alcantarillado, el pavimento y el transporte, y vivir mientras tanto en condiciones que se parecen más a un campamento institucionalizado que a una solución habitacional.
El derecho a la vivienda adecuada no es el derecho a un terreno. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), reconocidos por el Pacto Internacional que Chile ratificó en 1989, establecen con precisión qué significa una vivienda digna: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios e infraestructura, habitabilidad, accesibilidad, ubicación adecuada y adecuación cultural. Un lote vacío no cumple ninguno de esos estándares. Entregarlo como solución habitacional no es una política progresista: es una vulneración encubierta de derechos.
Los costos que no aparecen en el anuncio
La expansión territorial de baja densidad que implica este modelo tiene costos que el Estado asumirá durante décadas, aunque no aparezcan en la fotografía de la entrega del título. Dotar de servicios a barrios dispersos en la periferia cuesta significativamente más por habitante que hacerlo en la ciudad consolidada. Extender redes, construir vías, acercar el transporte público, levantar escuelas y consultorios en zonas alejadas: todo eso es dinero público que se erogará silenciosamente, año tras año, mientras los residentes esperan.
A eso se suma la variable climática, que ningún análisis oficial del programa ha mencionado: las periferias de nuestras ciudades son las zonas con menos arbolado urbano, mayor exposición a ondas de calor, menor permeabilidad del suelo y mayor vulnerabilidad a eventos climáticos extremos. Entregar hoy un lote vacío en esas condiciones, con el cambio climático como telón de fondo, es condenar a las familias más vulnerables a los efectos más severos de una crisis que ellas menos han contribuido a generar.
Lo que el país necesita
Chile necesita una política habitacional que construya ciudad, no que administre la espera. Y si el argumento del gobierno es que los terrenos fiscales existen y hay que usarlos, nosotros respondemos: úselos bien. El suelo fiscal disponible debe entenderse como una reserva estratégica del Estado para construir ciudad —no como un stock de lotes para distribuir y dar por cerrado el problema.
Esos terrenos pueden y deben ser el soporte de proyectos habitacionales progresivos, de densidad media y con diversidad de tipologías, que incorporen desde el primer día urbanización completa, áreas verdes, equipamiento comunitario y conectividad real con el resto de la ciudad. Y donde el presupuesto no permita construir todo de una vez —lo que es comprensible en un contexto de restricción fiscal (forzada) — la solución no tiene por qué ser un lote vacío: puede ser construir primero la infraestructura urbana y una unidad habitacional básica, técnicamente diseñada para ser ampliada en el tiempo según las capacidades de cada familia, con asistencia técnica y financiera del Estado en cada etapa. Eso es vivienda progresiva con dignidad. Lo que propone el ministro Poduje es precariedad progresiva sin garantías.
Recortar fondos sociales, restringir subsidios y reemplazarlos por lotes vacíos no es eficiencia fiscal: es tozudez ideológica disfrazada de pragmatismo. El Colegio de Arquitectos de Chile llama a un debate serio y urgente sobre las consecuencias de largo plazo de esta iniciativa, antes de que el cemento fragüe sobre decisiones que tardaremos décadas en corregir.
Directorio Nacional
Colegio de Arquitectos de Chile
