El pasado lunes 11 de agosto nuestro Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental, pudo expresar la posición del Colegio de Arquitectos de Chile en la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación del Senado, respecto de la aprobación de la Ley de los Patrimonios Culturales.
Representados por la presidenta del Comité, Paz Undurraga, pudieron expresar que la actualización de la Ley constituye un anhelo de larga data y un importante desafío para las y los arquitectos.
En esa línea, indicó que permite «un mejor manejo del Patrimonio Cultural que repercute en relevantes problemáticas en el ámbito rural, urbano y arquitectónico, como inequidad, crisis de vivienda, obsolescencia del entorno construido y necesidad de modos de producción más sustentables frente al cambio climático, entre otros».
También, enumeró algunos aspectos del Proyecto de Ley que como gremio apoyamos y valoramos:
- Urgencia en actualizar el abordaje patrimonial. El actual marco, extraordinariamente rígido y centralizado, no permite una acción ágil y eficiente en la protección e intervención en el patrimonio construido.
- Nueva conceptualización del patrimonio. La composición propuesta para el Consejo de los Patrimonios Culturales (CPC), con una representatividad equilibrada de diversos actores tanto públicos, privados y de la sociedad civil, da cuenta de esta complejidad y diversidad. Incorpora el patrimonio inmaterial y de los pueblos originarios y tribal afrodescendiente; garantizando un manejo integral y reconociendo su interdependencia.
- Gobernanza renovada. Se avanza en responsabilidades compartidas para el manejo patrimonial, con innovadora relación estado-sociedad, un nuevo trato con mecanismos de coadministración, cogestión y cofinanciamiento, dada la condición de bien común del patrimonio cultural.
- Importante compromiso con la descentralización. Entrega atribuciones a las regiones, reconociendo su rol territorial, lo que ciertamente agilizará la oportuna integración del patrimonio cultural en el desarrollo. Separa proceso de declaratorias, radicado en un órgano colegiado central, de las autorizaciones de intervención, en instancias técnicas regionales. Esta medida es largamente anhelada por las y los colegas de regiones, que resienten las trabas de una excesiva centralización, así como por los colegas que desempeñan funciones en la Secretaría Técnica del CMN que reciben, de manera injusta, constantes críticas debido a un mal diseño orgánico.
- Avanza en certeza jurídica, al definirse claramente plazos y procedimientos. Destacamos en este ámbito el estatuto arqueológico y su reglamento, indispensables para dar mayores certezas respecto a la ejecución de obras, estos instrumentos permiten además entregar niveles de flexibilidad y capacidad de adecuación a futuros entendimientos y requerimientos en este ámbito.
- Destacamos el relevante avance en reconocer el Rol del Patrimonio en un modelo de desarrollo sustentable: la propuesta se enmarca en mecanismos de pro-inversión, dado lo expuesto con anterioridad. Aborda el recurso cultural y su capacidad instalada, cargo de las convenciones Unesco ratificadas por Chile (Patrimonio Mundial Cultural y Natural; Patrimonio Cultural Inmaterial) y al mismo tiempo, del convenio 169 de la OIT.
Por otra parte, la presidenta del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental, indicó algunos desafíos y recomendaciones que esperamos sean incluidos oportunamente:
- Diferenciación de las sanciones respecto a los daños contra el patrimonio, por significancia y representatividad. Las sanciones por afectación en Sitios de Memoria deben ser más gravosas que las aplicada a casos generales, se involucra no solo una afectación material, sino un agravio a bienes de significación universal respecto a Derechos Humanos. La aprobación de intervenciones en Sitios de Patrimonio Mundial debería requerir un estándar más alto que el caso general, puesto que involucra compromisos de Estado.
- Equilibrar el poder político radicado en directores regionales respecto de la aprobación o rechazo de intervenciones, mediante instancias técnicas resolutivas y plazos definidos. Por otra parte, siendo los decretos de protección dictados por el ministro o ministra de las Culturas, Artes y Patrimonio, lo que agrega una dimensión política, convendría definir sanciones en caso de existir dilaciones, como ha sido la experiencia actual.
- Se debe evitar interpretaciones conceptuales que podrían desvirtuar el espíritu de la Ley, tal vez mediante un glosario que acompañe el texto.
- La aplicación de los instrumentos de gestión debe armonizarse con otros instrumentos de planificación territorial.
- Abordar la escala trans-regional de sistemas o conjuntos patrimoniales, con expresiones distribuidas territorialmente, que requerirá una coordinación ágil y oportuna a esa escala.
Puedes revisar la exposición completa de Paz Undurraga ante la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación del Senado a continuación.
