La Mesa Directiva del Colegio de Arquitectos de Chile, expresa su respaldo general a la preocupación manifestada por la Delegación Zonal Valparaíso respecto de la situación de las viviendas de El Olivar, en la Región de Valparaíso, y considera necesario reiterar que los procesos de reconstrucción urbana y habitacional deben desarrollarse siempre dentro del marco del Estado de Derecho, con estricto apego a la normativa vigente, a los procedimientos técnicos establecidos y al debido respeto por las competencias profesionales e institucionales que intervienen en la edificación de la ciudad.
Toda intervención que afecte obras construidas, viviendas entregadas o proyectos habitacionales en curso debe fundarse en antecedentes técnicos verificables, informes especializados, actos administrativos debidamente motivados y procedimientos transparentes que permitan establecer con claridad las eventuales fallas, las responsabilidades correspondientes y las medidas correctivas pertinentes.
El caso de El Olivar genera una legítima preocupación en el mundo de la arquitectura, la ingeniería y la industria de la construcción, no sólo por la gravedad de las eventuales deficiencias denunciadas, sino también por las señales institucionales que se entregan cuando decisiones de alto impacto social, urbano, económico y patrimonial parecen adelantarse a los procesos técnicos y jurídicos que el propio sistema exige. En materias de esta naturaleza, la seguridad de las personas debe ser siempre prioritaria; pero precisamente por ello las decisiones deben apoyarse en peritajes independientes, evaluaciones estructurales rigurosas, informes técnicos trazables y procedimientos administrativos claros.
Defender el rol de arquitectas, arquitectos, ingenieros, revisores independientes, inspectores técnicos y direcciones de obras municipales no significa relativizar errores constructivos ni desconocer eventuales incumplimientos normativos. Significa exigir que toda responsabilidad técnica sea investigada con rigurosidad, transparencia y apego irrestricto a la ley. Si existen fallas estructurales, éstas deben ser identificadas, calificadas y documentadas mediante los mecanismos profesionales e institucionales correspondientes, permitiendo determinar responsabilidades y definir las soluciones más adecuadas.
Asimismo, la Mesa Directiva estima indispensable que, antes de adoptar medidas extremas e irreversibles como la demolición de viviendas, se evalúen técnicamente todas las alternativas disponibles de reparación, reforzamiento, modificación o adecuación de las obras defectuosas. La práctica habitual de la ingeniería y la construcción reconoce que durante la vida de una obra pueden detectarse aspectos susceptibles de corrección, recalculo, refuerzo o ajuste técnico. Por ello, una decisión responsable debiera comparar, con antecedentes objetivos, los costos económicos, sociales, urbanos y habitacionales de demoler, versus los costos y factibilidad de reparar o reforzar las obras que presenten deficiencias.
Esta evaluación resulta aún más necesaria si se considera que las principales afectadas son familias damnificadas que han esperado durante largo tiempo por una vivienda definitiva y que, frente a una demolición, no sólo pierden una solución habitacional largamente anhelada, sino que quedan expuestas a un proceso de revictimización y nuevos plazos de espera, nuevas incertidumbres y una prolongación de su situación de vulnerabilidad. La dimensión social del problema obliga a ponderar no sólo la condición física de las edificaciones, sino también el impacto humano, económico y territorial de cada decisión.
Desde el Colegio de Arquitectos de Chile consideramos que la reconstrucción debe sostenerse sobre criterios profesionales, participación de especialistas competentes, transparencia administrativa y respeto por los procedimientos que el propio Estado ha definido para garantizar seguridad, justicia y certeza jurídica.
Por lo anterior, su Mesa Directiva llama a que en el caso de El Olivar se asegure una evaluación técnica independiente, completa y verificable; se transparenten los informes que fundamentan las decisiones adoptadas; se comparen las alternativas de demolición, reparación y reforzamiento; y se resguarde de manera prioritaria la situación de las familias afectadas, evitando que los errores de gestión, diseño, construcción, fiscalización o coordinación institucional terminen siendo pagados por quienes más han esperado por una solución habitacional digna.
Cuando se debilitan las normas, los protocolos y el valor del criterio técnico, no sólo se pone en riesgo una obra específica: se pone en riesgo la confianza pública en la institucionalidad urbana, en la política habitacional y en el ejercicio profesional que contribuye a construir nuestras ciudades.
Mesa Directiva
Colegio de Arquitectos de Chile