**Esta columna de opinión fue publicada en biobiochile.cl el sábado 22 de agosto de 2026
Los cerros de Renca constituyen uno de los principales patrimonios naturales de Santiago y un elemento fundamental de la identidad territorial de la comuna. Su condición de cerros isla les otorga un valor ambiental, paisajístico y urbano clave para avanzar hacia un desarrollo más sostenible.
Sin embargo, este patrimonio hoy se encuentra amenazado por el proyecto «Nueva S/E Lo Campino», impulsado por el Ministerio de Energía como parte de la expansión del sistema de trasmisión eléctrica y cuya ejecución fue adjudicada a una empresa perteneciente al Grupo Saesa.
El proyecto contempla la construcción de una subestación eléctrica y la instalación de 28 torres de alta tensión en las laderas de los cerros. Esta intervención de gran envergadura pone en cuestión la coherencia de las decisiones de infraestructura centralizadas con la planificación y el desarrollo urbano local.
Durante décadas, Renca ha asumido el costo de un modelo de desarrollo urbano que ha relegado a ciertas comunas a cumplir un rol de soporte para el funcionamiento de la ciudad. La construcción de autopistas y otras grandes infraestructuras ha fragmentado nuestros barrios y separado a comunidades que antes compartían espacios de encuentro.
La justificación suele apelar a un supuesto «bien mayor», pero cabe preguntarse: ¿A qué costo se alcanzan estos objetivos? La planificación de infraestructuras no puede desentenderse de las realidades territoriales ni omitir las consecuencias que estas decisiones tienen en la vida cotidiana de las personas.
Este proyecto vuelve a invisibilizar los esfuerzos que durante años se han desarrollado para recuperar y poner en valor los cerros. Las jornadas con más de 80 mil árboles reforestados y la participación de más de 40 mil vecinos y vecinas dan cuenta del aprecio y del trabajo sostenido por construir una mejora directa a nuestro patrimonio natural.
Toda esta labor comunitaria peligra frente a la instalación de torres de aproximadamente 35 metros de altura y la intervención de 7 hectáreas de terreno. Esto alterará significativamente el paisaje, afectará los ecosistemas y comprometerá el futuro Parque Metropolitano Cerros de Renca, actualmente en proceso de licitación.
Desde el urbanismo y la planificación territorial, la distribución de estas intervenciones evidencia profundas desigualdades. En el caso de Providencia, donde se ejecuta un proyecto similar, a cargo de una empresa que también pertenece al Grupo Saesa, las obras se realizan bajo tierra mediante soterramiento, lo que abre una discusión inevitable.
¿Por qué las alternativas de mitigación que resguardan a determinados sectores de la ciudad no aplican con la misma relevancia en otros? No es una cuestión geográfica, sino el reflejo de una desigualdad urbana que vulnera el derecho de las comunidades populares a proteger su entorno.
A pesar de que el Grupo Saesa y el Ministerio de Energía sostienen que el proyecto responde a criterios eminentemente técnicos, aquello es falaz: la definición de estos parámetros es perfectamente manipulable.
Bajo el rótulo de «argumento técnico», lo que realmente se esconde es una prioridad de rentabilidad económica: optar por el trazado aéreo simplemente porque minimiza la inversión estatal. En la práctica, esto significa trasladar los costos financieros del proyecto al territorio, tratando a los cerros de Renca como una zona de sacrificio.
Quienes toman estas decisiones son entes externos que ignoran por completo la visión de la comunidad; no solo vulneran el desarrollo del futuro Parque Metropolitano, sino que transgreden la flora y fauna local, imponiendo a la comuna profundas externalidades negativas y un daño paisajístico que resulta éticamente inaceptable.
Es momento de escuchar a Renca, a sus habitantes y a sus autoridades. Una comunidad activa que ha construido un vínculo profundo con su territorio y que aspira a preservarlo. Como vecina y exconcejala de Renca, me opongo a este proyecto y hago un llamado a las autoridades del país a actuar con criterios de justicia territorial, igualdad y respeto por las comunidades.
El derecho a la ciudad no consiste únicamente en acceder y disfrutar de los espacios urbanos, sino también en participar en las decisiones sobre cómo queremos construirlos y habitarlos. Defender los cerros de Renca es defender el derecho de sus habitantes a decidir sobre su propio territorio.
Ana Paz Casimino Salinas
Directora de actividades del Colegio de Arquitectos de Chile
