Desde el Colegio de Arquitectos de Chile valoramos que la nueva versión del Decreto Supremo Nº68, reingresada para toma de razón, haya incorporado correcciones sustantivas respecto del texto anteriormente conocido. Varias de ellas responden a observaciones formuladas durante la consulta pública por municipios, organizaciones ciudadanas, universidades, gremios y profesionales, y permiten avanzar hacia una regulación más equilibrada entre la necesaria agilización de los proyectos y la responsabilidad pública de resguardar la calidad y seguridad de nuestras ciudades.
Entre estos avances destacamos especialmente el restablecimiento del sistema de evaluación de impactos a la movilidad, evitando que un informe del propio SERVIU sustituya los procedimientos sectoriales; la exigencia de aprobación del organismo competente para los estudios fundados en áreas de riesgo; la eliminación de la modificación que permitía alterar perfiles viales definidos por los instrumentos de planificación; y el retiro del cambio que modificaba el cómputo de superficie edificada desde la cara exterior a la cara interior de los muros. Asimismo, valoramos que la reconstrucción ya no pueda realizarse mediante una dispensa genérica de las normas urbanísticas y que se hayan incorporado mayores resguardos relativos al riesgo y la protección territorial.
Estos cambios demuestran que agilizar no tiene por qué significar desregular, y que es posible simplificar procedimientos conservando controles técnicos indispensables.
Sin embargo, permanecen materias respecto de las cuales expresamos una seria preocupación.
La principal se refiere a la forma en que se pretende inducir una mayor densificación urbana. El nuevo decreto mantiene mecanismos que pueden incrementar significativamente el número de viviendas admitidas mediante nuevos coeficientes de densidad y reglas de conversión aplicables a los planes reguladores existentes. La proximidad al transporte público constituye sin duda una condición favorable para densificar, pero no demuestra por sí sola que un territorio tenga capacidad para recibir mayor población. Alcantarillado, agua potable, vialidad, transporte, equipamientos, escuelas, salud, áreas verdes, espacio público y capacidad de evacuación deben formar parte de esa evaluación.
Nos preocupa igualmente que se mantenga la reducción del terreno mínimo para acogerse a Conjunto Armónico a 2.500 m², junto con incentivos que pueden alcanzar 75% adicional de constructibilidad y 50% de altura bajo determinadas condiciones. Si bien valoramos que se haya restablecido la exigencia de una calzada mínima de 14 metros, los incrementos de capacidad edificatoria siguen siendo muy significativos y no están necesariamente asociados a contraprestaciones equivalentes en infraestructura, vivienda asequible, equipamientos, áreas verdes o espacio público.
Particular preocupación nos merece la reducción de la capacidad de los Planes Reguladores Comunales para modular estos beneficios. Chile posee territorios extremadamente diversos. Las condiciones de Santiago no son las mismas de una ciudad intermedia, una comuna rural, una zona patrimonial o un sector con infraestructura sanitaria saturada. Una regulación nacional puede establecer incentivos, pero debe permitir que la planificación local determine dónde, cuánto y bajo qué condiciones es razonable densificar.
Como Colegio de Arquitectos apoyamos decididamente la producción de más viviendas, la regeneración de nuestras ciudades y una mayor eficiencia en la aprobación de proyectos. Pero sostenemos que densificar bien no consiste simplemente en construir más; significa construir ciudad.
La discusión que abre el D.S. N.º 68 constituye, por ello, una oportunidad para establecer un principio que consideramos fundamental: a mayores derechos de edificación deben corresponder mayores responsabilidades urbanas.
Esperamos que el proceso que aún resta permita perfeccionar estas materias y avanzar hacia una OGUC capaz de compatibilizar agilidad, vivienda, inversión y certeza jurídica con planificación territorial, sustentabilidad, resiliencia y calidad de vida.
Rodolfo Jiménez Cavieres
Presidente nacional
Colegio de Arquitectos de Chile
